El Tratado de Lisboa cumple hoy un año de su entrada en vigor, justo cuando la Unión Europea (UE ) estudia la necesidad de reformarlo para incluir un mecanismo de rescate permanente para los países que puedan verse afectados después de 2013 por una crisis de la deuda.
El tratado, cuya aplicación no ha sido todo lo rápida que se quería, sí ha mostrado varias cosas: la Unión Económica y Monetaria sigue incompleta, el Parlamento Europeo (PE) ha aprovechado sus nuevos poderes y los cargos creados han tenido un estreno desigual. En conjunto, "es demasiado pronto para ver el impacto real y ver si ha sido bueno o malo", señaló Marco Incerti, analista del Centro para Estudios Políticos Europeos (CESP).
El texto entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, justo cuando estallaba la crisis de la deuda griega, que después obligó a crear en mayo un mecanismo temporal de rescate de países de la zona euro del que ahora se beneficiará Irlanda. En la última cumbre comunitaria de finales de octubre, Alemania propuso y obtuvo el acuerdo para una modificación "limitada" del tratado que haga permanente ese mecanismo y asegure su anclaje jurídico, frente a eventuales denuncias ante el Tribunal Constitucional germano.
El Tratado de Lisboa retomó de los anteriores la idea de que en la Unión Económica y Monetaria de la UE no habría "corresponsabilidad fiscal" (cada Estado es responsable de sus finanzas), pero esa condición quiere hacerse ahora compatible con el escenario en el que un miembro de la zona euro requiera la ayuda financiera de sus socios para evitar la suspensión de pagos. El texto, cuya gestión comenzó hace siete años con el proyecto de la malograda Constitución Europea, no estaba pensado para afrontar una crisis en los mercados financieros y la necesidad de un mecanismo de rescate para uno de los socios.
"Nadie en la UE esperaba iniciar una reforma del tratado tan pronto", reconoce Incerti, quien precisa que el documento "no podía prever todo".
Las dos grandes figuras que creó el tratado, el presidente estable del Consejo Europeo y la alta representante/vicepresidenta de la Comisión, ideadas inicialmente para ser las "caras visibles" de la UE en el mundo, han tenido un nacimiento desigual. La crisis económica y los problemas de la deuda soberana en algunos países permitieron estrenarse a lo grande al nuevo presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quien dejó el puesto de primer ministro belga para ocupar el cargo.
Van Rompuy, un hombre de aire gris y desconocido para casi todos los europeos, convocó rápidamente una cumbre especial de líderes y puso en marcha un grupo de expertos para analizar y proponer medidas contra la crisis. Si bien Van Rompuy actuó con rapidez y mostró iniciativa propia ante la urgencia del momento, también originó algunas disputas subterráneas con la Comisión Europea, celosa de perder su derecho a la iniciativa legislativa. Van Rompuy ha sido "muy asertivo" y ha protagonizado "un reequilibrio a favor del Consejo" -donde están representados los Gobiernos de los 27 miembros de la UE- en detrimento de la Comisión, considera una fuente diplomática.
Sin una voz única. En cuanto a la Alta Representante, Catherine Ashton, ha tenido más problemas, tanto por la poco clara definición de su labor como por la insistencia de algunos Estados miembros en no ceder el protagonismo nacional en las relaciones exteriores. Además, Ashton ha recibido muchas críticas -algunas legítimas y otras no, según las distintas fuentes- por asistir a determinadas reuniones en lugar de a otras, algo que la responsable británica considera injusto, al recalcar: "No puedo estar en todas partes".
Ashton ha visto también cómo una de sus principales herramientas para hacer su trabajo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, un auténtico cuerpo diplomático europeo), no se ponía en marcha (empezará el 1 de enero formalmente) a causa de la larga gestión de los detalles técnicos por las discusiones con el Parlamento Europeo.
Y es que el PE ha sido precisamente el gran ganador con el tratado, ya que ahora tiene poderes de codecisión en todos los ámbitos "y eso se nota", como sostiene la fuente diplomática. En este año, la Eurocámara bloqueó el acuerdo UE-EEUU sobre el intercambio de datos financieros en la lucha contra el terrorismo y el presupuesto comunitario para 2011 y alargó la discusión sobre el SEAE.
Esto se une a otro problema que no ha resuelto el Tratado: no ha logrado la simplificación de textos que se buscaba ni un mayor acercamiento al ciudadano.
