Parece que esta vez el PP ha llegado demasiado lejos. Las acusaciones de la 'número dos' del partido, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes de la oposición, afirmando tener constancia de que el PSOE utiliza a las autoridades judiciales y policiales para realizar "escuchas telefónicas ilegales a miembros del PP", han provocado una reacción descomunal, tanto en el partido del Gobierno como en la esfera judicial y policial.
Tras lanzar una acusación de esa envergadura, que pone en cuestión la solidez misma del Estado de Derecho, el principal partido de la oposición no ha aportado pruebas ni ha acudido a los tribunales ni mucho menos ha hecho ademán de rectificar.
Incluso, en el colmo de esta actitud de opereta adoptada por la oposición, el responsable de Economía del PP y ex ministro Cristóbal Montoro ha llegado a emplazar al Gobierno socialista a "demostrar" que son falsas las denuncias realizadas por su partido. ¿Quién tiene algo que demostrar en este caso? ¿No es el PP el que debe presentar una denuncia fundamentada ante la Justicia o retractarse de tan gravísima afrenta?
El presidente Zapatero ha tratado de transmitir tranquilidad y se ha limitado a exigir a los populares "sentido de la responsabilidad", pero el ministro de Fomento, José Blanco, ha planteado De Cospedal un ultimátum: o acude a los tribunales si tiene pruebas de este comportamiento corrupto o debería abandonar la vida pública.
Una dirigente de un partido no puede lanzar alegremente acusaciones de tal envergadura sin fundamento y sin consecuencias, pese a lo cual el PP ratificó ayer sus acusaciones y sostuvo que tanto la propia De Cospedal como el ex ministro Federico Trillo y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sospechan que pueden tener sus teléfonos 'pinchados'. En esta tesitura, lo único razonable es acudir a la Justicia y no contaminar al país con una duda nada razonable.
