Llegó el cerrajero, cambió las cerraduras de una parte de los despachos de la planta baja y dio las nuevas llaves a la Consejería andaluza de Agricultura. Mírense el convenio de cesión y vengan aquí las llaves a la voz de ya, exclamó la patronal Asaja. Y así fue.
La entrega del patrimonio de las Cámaras Provinciales Agrarias a las asociaciones del campo saca a la luz episodios de confusión y tensión entre el departamento de Clara Aguilera y la organización presidida por Ricardo Serra, que se opone a las tres porciones iguales -una para Asaja, otra para la UPA y otra para la COAG- en que se ha repartido el pastel, una decisión contra la que aquélla ha interpuesto recurso -ya admitido a trámite- ante el Alto Tribunal Andaluz, el TSJA.
El incidente del cerrajero ocurrió la semana pasada en una de las dos plantas de la céntrica Cámara Agraria de Sevilla, codiciado edificio ubicado justo a la entrada de la Plaza del Duque cuando termina la calle Trajano y que, en su mayoría, está cedido a Asaja desde mayo de 2008. A una parte de esas instalaciones que estaban ocupadas por personal de la propia institución cameral pero vinculado a la Consejería se le modificó las cerraduras e incluso directivos de asociaciones rivales se hicieron la foto como si fuera una toma de posesión.
Sin embargo, tales despachos integraban el lote traspasado casi cuatro años antes a Asaja-Sevilla por la Consejería bajo régimen de cesión durante varias décadas. Al avisar Serra, "léanse el convenio", la marcha atrás fue de carácter inmediato.
El líder agroganadero ya había advertido a través de una carta de que si había una intromisión ilegítima en el jugoso edificio, el departamento de Aguilera sería llevado a los tribunales "otra vez" al considerar que Asaja es la "única tenedora" de la mayor parte de la Cámara. "Absténganse de otorgar posesión alguna (...)". Planta principal y ático son de Asaja, donde ésta tiene servicios propios y también instalaciones cedidas a asociaciones agrícolas como el ICAM o Aceriber.
En respuesta, el viceconsejero, Juan Ignacio Serrano, admite que la entrega del patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales no puede afectar a los anteriores contratos de arrendamiento ni tampoco a las cesiones de uso. Sobre el edificio hispalense, pues, poco se podría ocupar, puesto que, además de a Asaja, se da cabida a comunidades de regantes -como las del Valle Inferior y Viar- y agrarias, como Grupo Remolachero, algunas de las cuales están asentadas allí desde hace décadas en régimen de alquiler.
COAG recurrió tal entrega a la asociación de Serra y ganó en primera instancia, pero el cauce judicial sigue su curso ante las superiores.
La batalla por este patrimonio agrario dará, pues, mucho de qué hablar...
