La denuncia del Partido Popular sobre la contratación indefinida de medio centenar de alumnos de escuelas taller y la subida de sueldo un 10% de los 25 trabajadores de Sevilla Global, previa a la dimisión del delegado responsable de la empresa pública, es un asunto grave que debe mover a la reflexión de los socios de gobierno (PSOE-IU). Primero, porque una decisión de ese calado, tomada por el ex delegado de Economía del Ayuntamiento, Jon Ander Sánchez, supone la ruptura del equilibrio financiero para Sevilla Global, incapaz de asumir el coste laboral de la medida. Segundo, porque si es cierto, tal y como reconocen en IU, que Sánchez tomó la decisión al margen de su partido, como venganza al saber que sus días en el Ayuntamiento estaban contados, la gravedad y la irresponsabilidad es aún mayor. De confirmarse, significaría rebasar una barrera extremadamente peligrosa, que se produce cuando las desavenencias internas entre los militantes de los partidos terminan provocando un perjuicio para las arcas públicas por la irresponsabilidad institucional de los protagonistas de la trifulca. Es lo que ha estado a punto de pasar en Izquierda Unida, si bien se ha podido reconducir la situación tras un informe del interventor municipal que declara ilegales los contratos. El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, que a la sazón es presidente de Sevilla Global, debe poner orden cuanto antes para depurar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias si se demuestra que ha habido alguna actuación punible desde el punto de vista administrativo o penal. La ciudad de Sevilla no puede permitirse gobernantes capaces de poner en riesgo la estabilidad de una empresa pública con cargo al dinero de todos los sevillanos. Monteseirín no debe ser ajeno a ésta y otras situaciones que terminan trasladando a la ciudadanía un descontrol administrativo que oscurece cualquier avance por el progreso de Sevilla.
