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Lo que Lopera hizo en el Betis entre 1993 y 1998 no ha prescrito

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de Lopera contra el auto de la jueza Alaya que defendía la tesis de que sus presuntos delitos entre 1993 y 1998 podían ser investigados.

el 24 sep 2010 / 15:05 h.

Lo que el jueves era un rumor sin confirmar quedó corroborado ayer: la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de los abogados de Manuel Ruiz de Lopera contra un auto dictado en mayo por la jueza Mercedes Alaya en el que no consideraba prescritos los presuntos delitos cometidos por el ex presidente del Betis entre 1993 y 1998. La Audiencia confirma que esos actos pueden seguir investigándose y por tanto propina un duro revés, otro, al ex accionista mayoritario del club verdiblanco, al mismo tiempo que respalda la tesis de la magistrada y los grupos querellantes de que están ante un delito continuado, primero a través de Tegasa y luego por medio de Encadesa.

La defensa de Lopera quería que el primer informe de los peritos de Hacienda no contase a efectos penales. Según los inspectores, Lopera causó al Betis un perjuicio de 12,4 millones de euros entre 1993 y 1998. "No procede [...] ordenar que [el informe] no se tenga por presentado y que sea retirado de la causa hasta tanto no se aporte el informe completo", replica la Audiencia. Es decir, que el primer informe pericial es válido por sí mismo, independientemente de que aún falte la segunda parte, que analiza la gestión de Lopera entre 1999 y 2007. La Audiencia, además, recuerda a los defensores de Lopera que ya desestimó una petición idéntica en otro auto del año pasado.

El abogado de Lopera también pretendía que se sancionase a la jueza de Instrucción por causarle indefensión y por trato desconsiderado. Los magistrados de la Sección Primera admiten que "en ocasiones" han comprobado que "los términos del debate se realizan dando la espalda a la cortesía" habitual en el Derecho e incluso deslizan una crítica a Alaya, pero rechazan la petición del recurrente. "Que algunos términos utilizados en el auto recurrido se aparten de la deseable cortesía -dice en alusión a la jueza- no implica que apreciemos posible responsabilidad disciplinaria por parte de la señora magistrada", afirma la Audiencia, que además no se explica por qué el abogado de Lopera habla de una posible ofensa a la Fiscalía: "La defensa del imputado no puede arrogarse el ejercicio de la defensa del Ministerio Fiscal, quien de haber apreciado la citada responsabilidad hubiera ejercitado las acciones correspondientes", responde. El fiscal, en efecto, no recurrió el auto de la jueza.

En conclusión, la Audiencia cree que en el auto de Alaya no hay "nada que contravenga lo dispuesto en los autos de esta Sala", incluida su prohibición de investigar la adquisición de las acciones que llevaron a Lopera al poder, en 1992. Según la Audiencia, Alaya ha respetado ese mandato. "En el auto impugnado se hace constar expresamente que, en cumplimiento de los citados autos de esta Sala, la suscripción y desembolso de 55.350 acciones por parte de Farusa no son objeto de la pericia", reseña.

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