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Lopera dice que el informe pericial no ha sido ratificado y considera incorrectas sus conclusiones

Según el mandatario, los peritos han decidido  practicar un análisis parcial cerrado al 30 de junio de 1999,  obteniendo así unas conclusiones meramente provisionales.

el 27 may 2010 / 16:32 h.

El máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.
El máximo accionista y consejero delegado del Betis, Manuel Ruiz  de Lopera, emitió hoy un comunicado con el que sale al paso de lo  publicado en diversos medios en relación con el informe parcial  referido a las temporadas 1993/94 a 1998/99, emitido por los peritos  judiciales en el procedimiento que se sigue contra él por un presunto  delito societario, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Como se recordará, Lopera deberá declarar el próximo 14 de julio,  en calidad de imputado, en este caso que nace de la denuncia  interpuesta contra él por las asociaciones, opuestas a su gestión,  'Béticos por el Villamarín', 'Por nuestro Betis' y 'Liga de juristas  béticos'.

Así, el dirigente estima que el análisis pericial encargado por el  citado juzgado abarca globalmente los quince años previos a la fecha  del dictado del auto judicial, 4 de junio de 2008.

Sin embargo, estima el mandatario, los peritos han decidido  practicar un análisis parcial cerrado al 30 de junio de 1999,  obteniendo así unas conclusiones meramente provisionales.

Ello quedaría acreditado por la salvedad con la que cierran el  informe, a tenor de la cual, las conclusiones se establecen "sin  perjuicio de que se pudiera demostrar lo contrario o de que de el  análisis de los ejercicios posteriores se dedujera algún ajuste no  analizado a la fecha, lo que puede dar lugar a cualquier  rectificación", precisa la nota.

Del mismo modo, se pone de relieve que, no obstante esa  declaración de provisionalidad, los peritos, "en un informe que no ha  sido ratificado a presencia judicial y sobre el que no han podido  tener participación alguna las partes"  concluyen que los perjuicios  causados al Betis a fecha 30 de junio de 99 ascendieron a 8,56  millones de euros.

A esa cantidad se añaden otros 3,84 millones de euros de intereses  devengados desde la fecha de producción de los supuestos perjuicios  hasta el 25 de marzo de 2010, fecha de emisión del informe.

"Tales conclusiones --que en todo caso aluden a perjuicios y no a  apropiación indebida de las arcas del club, como han querido  interpretar algunos medios de comunicación-- son producto de graves  incorrecciones en el análisis de los hechos sometidos a la  consideración de los peritos, como se ha hecho notar en el escrito  presentado recientemente ante el Juzgado",  aclara el comunicado.

De este modo, los peritos establecen que la supuesta falta de pago  del paquete de acciones suscrito por FARUSA en 1992 causó al  Betis  un perjuicio de 1,24 millones de euros (más 0,97 millones de euros de  intereses), contraviniendo así el auto firme dictado a tal respecto  por la Audiencia Provincial de Sevilla el 26 de febrero de 2010.

El mismo, se recuerda afirmó que "en definitiva, de los hechos a  los que se pretende ampliar la investigación no se desprende la  existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal".  

Igualmente, la presuntas irregularidades por parte de FARUSA en la  suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de  junio de 1992 "no guardan relación con el objeto de la investigación"  de tales diligencias previas.  

En consecuencia, se resalta, la Sala afirmó, en una resolución  firme, "que ni en la adquisición ni en el desembolso hubo estafa,   apropiación indebida o delito societario y, en consecuencia, denegó  expresamente la extensión de la causa a esos hechos".

Paralelamente, los peritos concluyen también que el pago por el  Betis del Impuesto sobre Sociedades del que es sujeto pasivo la  entidad, a que se refiere la sentencia por delito fiscal recaída en  2005, constituye un perjuicio para el club.

Y es que, en opinión de los peritos, el mismo debería haber sido  satisfecho personalmente por quien entonces era presidente --el mismo  Lopera-- en concepto de responsabilidad civil. El supuesto perjuicio  estimado por los peritos asciende a 2,94 millones de euros más 0,63  millones de euros de intereses, es decir 3,57 millones de euros en  total.

La realidad, por el contrario, siempre según el comunicado de  Lopera, es que "el presidente no fue condenado a tal pago del  impuesto societario, pues éste fue liquidado por el Real Betis en  nombre y por cuenta propia antes de la sentencia y mediante acuerdo  con la Fiscalía y la Agencia Tributaria".

Por eso mismo, se pone de relieve que en idéntico sentido se ha  manifestado la propia Fiscalía, en su reciente escrito de 20/04/2010,  que concluye que este pago no es constitutivo de delito.

PAGO A COSTA DE LOPERA

Y es que, se resalta, "resulta, además, que el Presidente pagó  personalmente y a su costa la multa impuesta en la sentencia, a pesar  de que, de acuerdo con la legislación vigente, el responsable directo  del pago era el Real Betis Balompié, SAD".

Por otro lado, los peritos afirman que, en la gestión de la  actividad deportiva del Real Betis, TEGASA ha incurrido en gastos que  denominan "innecesarios", por valor global de 1,53 millones de euros  (más 1,22 millones de euros de intereses).

A despecho de ello, no identifican cuáles son esos gastos ni  justifican el por qué de tal calificativo. "A salvo de una eventual  aclaración de los peritos, entre tales gastos "innecesarios", y cuyo  pago reputan perjudicial para el Real Betis, se contarían los de  personal eventual contratado para la celebración de los partidos de  fútbol, los de personal fijo del estadio y los gastos de viaje de la  plantilla", dice la nota.

Desde el punto de vista de Lopera, el resto de los supuestos  perjuicios determinados por los peritos es "mero producto de la  consideración provisional de las operaciones producidas hasta  30/06/99",  y de los ajustes contables que practican a dicha fecha.  

"Los peritos han admitido mediante escrito de 28/04/2010, de  momento, que, a la vista de las operaciones posteriores, habría que  reducir los supuestos perjuicios en 1,36 millones de euros", se  destaca.

Por último, Lopera recuerda que ya en enero de 2008 solicitó  prestar declaración por los hechos enjuiciados, y expresa su  confianza en que las iniciativas procesales emprendidas "sirvan para  que la actuación del Juzgado, requiriendo a los peritos la  culminación de su trabajo a la mayor brevedad, acredite que su  gestión al frente del Real Betis Balompié, lejos de haber causado  daño alguno a la entidad, se ha dirigido siempre a la defensa de sus  intereses".

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