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En la víspera del vigésimo aniversario del 30-J, casualidades de la vida, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla acogió la primera vista por la demanda civil interpuesta por 17 accionistas del Betis contra Manuel Ruiz de Lopera con el fin de aclarar si en aquel histórico día pagó 30.689 de los 55.350 títulos que le permitieron dirigir el club. Tras la comparecencia de las partes, el juez Eduardo Gómez resolverá en breve si acepta las medidas cautelares propuestas por los denunciantes para mantener a Lopera lejos del club en el caso de que la jueza Mercedes Alaya levantase las que le impuso en 2010. Esas medidas son la prohibición de disponer de esas 30.000 acciones y su administración judicial cuando cese la que ahora ejerce José Antonio Bosch.
Tres noticias deparó la vista, que duró más de dos horas. La primera: Farusa, esto es, Lopera, negó el fondo de la demanda y solicitó una caución de 20 millones de euros. Es la fianza que deben aportar los demandantes si se adoptan las medidas cautelares pero la demanda acaba siendo desestimada; viene a ser una indemnización. La segunda: Javier Romero Martínez-Cañavate, que firma la demanda, argumentó que si Lopera pagó todas sus acciones, es fácil demostrarlo, pero aún no lo ha hecho. Y la tercera: el Betis, también demandado, defendió que el asunto de las medidas cautelares no va con él.
La defensa de Lopera acudió con toda su artillería, hasta seis abogados del despacho Montero-Aramburu, desde José María Calero a Armando Fernández-Aramburu; quien habló fue Ricardo Astorga. Al Betis lo representó José Moya (Cuatrecasas), acompañado por Manuel Domínguez Platas, secretario del consejo. Los demandantes contaron con Romero, Adolfo Cuéllar, Manuel Serrano y Pedro Rodríguez de la Borbolla. Además, estuvieron en la sala los administradores concursales y Javier Páez, sobrino de Lopera.
