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Lopera pide a la Audiencia que no se le pague a los administradores judiciales

el 01 ene 2011 / 18:32 h.

Los abogados de Manuel Ruiz de Lopera en la causa que contra él sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que solicitan que se anulen los honorarios de 12.000 euros mensuales que la jueza Mercedes Alaya fijó para los tres hombres que nombró para administrar el paquete accionarial de Farusa, con el argumento de que los administradores sólo se han dedicado a “su promoción social mediante numerosísimas comparecencias ante los medios de comunicación” que, en opinión de la defensa, los ha convertido en “personajes de actualidad”.

Los defensores de Lopera denuncian que los administradores (Rafael Gordillo, José Antonio Bosch y Luis Ruiz de Huidobro) “no han desempeñado actividad profesional alguna”. Su teoría es que en su trabajo como administradores no se pueden incluir “las comidas, las comparecencias ante medios de comunicación o las reuniones con asociaciones con intereses completamente contrarios a los encomendados”, en alusión a los grupos contrarios al propio Ruiz de Lopera.

Los abogados de Lopera no creen oportuno que los administradores judiciales cobren unas retribuciones que tildan de “cuantiosas”. “Son muy superiores al doble de la retribución media de jueces, magistrados, inspectores de Hacienda y funcionarios de alto nivel del Estado”, afirman. Por parte del G-3, Bosch ya replicó en su día que ellos cobrarán sobre la base de 120 euros por hora y 80 horas de trabajo al mes, mientras que la media en estos casos, según dijo, era de entre 150 y 180 euros por hora. José María Calero, por parte de Lopera, cuestiona que los tres interventores cobren “432.000 euros al año sin sujeción a ninguna regla o criterio legal, en base y con fundamento en la exclusiva voluntad de la titular del Juzgado de Instrucción 6”. De todas formas, Alaya ya advierte que la carga de trabajo será menor a partir de febrero, con lo que la retribución también disminuirá.

En el recurso también se recuerda que ningún consejero del Betis cobró mientras Lopera estuvo al frente y se augura que esos honorarios segurante correrán a cargo del erario público y no de Lopera, ya que los administradores judiciales están llevando a cabo una gestión “completamente contraria a la defensa de los intereses de los titulares del paquete de acciones”.

En este sentido, los abogados de Lopera aportan en su recurso las declaraciones efectuadas por Gordillo a este periódico el pasado 26 de diciembre, cuando aseguró que iban a “intentar que el Betis sea de los béticos por todos los medios”. A juicio de los letrados, esta frase demuestra que el ahora presidente “defiende públicamente intereses contrarios a los confiados” por la jueza.

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