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Lopera pide que le devuelvan el control de sus acciones y el cese de Bosch

La defensa estima que no es necesaria la figura del interventor al ya existir un administrador concursal. El segundo informe pericial se conocerá en breve.  

el 07 abr 2011 / 15:08 h.

Lopera y Oliver, el día que escenificaron la venta.

La defensa de Manuel Ruiz de Lopera ha solicitado a la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el levantamiento de la suspensión cautelar de las acciones de Farusa y el cese inmediato de José Antonio Bosch como único interventor de los derechos políticos del paquete que controlaba el exconsejero delegado hasta su intervención en julio de 2010. 

Los abogados del empresario alegan que, al existir la figura de los administradores concursales, no es necesario que haya un interventor y, en otro orden, no existe riesgo de un procedimiento delictivo por parte de su cliente.

Según sostiene la defensa en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 6, el marco jurídico en el que se ha instalado la entidad, acogida a un concurso voluntario de acreedores, otorga "amplias posibilidades de control a la administración concursal", en detrimento de un mayor margen de maniobra del consejo.

En una línea similar, los juristas sostienen que el administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil "protege la integridad patrimonial de la sociedad frente a cualquier tipo de acto de sus administradores sociales", una versión que apoyan en la exigencia del cese de Bosch.

En términos jurídicos, el interventor de los derechos políticos de las acciones de Farusa vela por los intereses del 51% de la masa accionarial de la entidad y no por el desarrollo jurídico-financiero de la sociedad Real Betis Balompié SA, una función que corresponde al administrador concursal elegido una vez fue aprobado el concurso de acreedores.

La defensa fundamenta su reclamación en el levantamiento de la suspensión de las acciones de Farusa en que "la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el levantamiento de las medidas cautelares en el momento en el que sobrevengan hechos que no pudieron tenerse en relevancia en la toma de su acuerdo". Es decir, los abogados del exdirigente heliopolitano estiman que no es necesario la ratificación de las medidas cautelares interpuestas por la magistrada cuando aún no había administradores concursales.

Segundo informe pericial

Un tema que ha adquirido especial protagonismo en los últimos días es el segundo informe pericial que aún deben remitir los peritos de Hacienda a la titular del Juzgado de Instrucción 6. En él se pormenorizarán los movimientos en las cuentas del Real Betis entre los años 1998 y 2011. El primer informe pericial, que supuso la imputación de Lopera por un presunto delito societario y que fue entregado a la defensa y la acusación el 10 de marzo de 2010, reveló un perjuicio de 12 millones por parte de Lopera al Real Betis durante su gestión entre 1992 y 1998.

La demora en su publicación se debe, según ha podido saber El Correo, a que uno de los peritos de Hacienda encargado del informe ha sido designado para examinar el caso de los ERES falsos y se han solapado sus funciones.

Por otra parte, los administradores concursales, que pidieron al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla que la Agencia Tributaria devolviese al club los 2 millones de euros que Manuel Ruiz de Lopera le pagó en 2010 en concepto de deudas atrasadas, han pedido una prórroga de un mes para elaborar el informe económico definitivo de la situación financiera de la entidad.

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