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Lopera, aún más contra las cuerdas tras 14 horas de declaración de los peritos

Los peritos confirman un perjuicio al Betis durante su mandato de casi 30 millones ante la jueza Mercedes Alaya, que le cita el 6 de noviembre para que declare.

el 05 jun 2013 / 11:00 h.

loperaa Manuel Ruiz de Lopera. Nubarrones en el horizonte los que se le avecinan al ex presidente y ex máximo accionista del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, tras una intensa jornada en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia de Sevilla. Casi catorce horas estuvieron declarando los peritos que redactaron el informe de su gestión, que de nuevo este jueves han acudido a dar su testimonio ante Mercedes Alaya. Dos nuevos golpes recibió el de El Fontanal que lo sitúan más aún contra las cuerdas: de un lado, los inspectores que elaboraron el informe pericial según el cual durante la etapa 1999-2008 su gestión causó un perjucio de 17 millones de euros al club heliopolitano se ratificaron ante Mercedes Alaya (ya lo hicieron en su día con el informe que aludía al periodo 1993-98, con una cifra de 12,4 millones, para un total de casi 30, pues); de otro, la propia jueza ha citado a Lopera para que vuelva a declarar el día 6 de noviembre. La conclusión es clara: si no hay un giro inesperado y radical, la instrucción del caso quedará cerrada antes de final de año y, caso de ir a juicio, como parece, éste podría ser fijado por la Audiencia para el año próximo. Recordemos que la juez Alaya realiza la instrucción de la causa, pero el juicio recaerá en otra Sala de la Audiencia Provincial. Fuentes del caso informaron a Efe de que los dos peritos judiciales comparecieron en la mañana de ayer ante Mercedes Alaya, que no hizo preguntas, mientras que la fiscal del caso planteó una decena de cuestiones de índole muy técnica, la primera de las cuales tardaron en responder alrededor de 45 minutos. La comparecencia de los peritos continuó por la tarde, tras un receso de una hora para comer, y duró hasta las dos de la madrugada, así que estuvieron durante 14 horas ratificando su informe ante la juez. Abogados personados en la causa informaron a la agencia de que las preguntas de la fiscal de Delitos Económicos fueron de índole muy técnica y centradas en la interpretación de los datos. Una de ellas se refería a los tres millones de euros incluidos por las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) como gastos de personal, que según la defensa correspondían a los trabajadores que llevaban a cabo distintos trabajos en el club deportivo. En su informe, los inspectores de Hacienda aseguran que “la comparación entre los recursos ordinarios generados por la actividad deportiva del Real Betis” cedidos a las empresas de Lopera y las obligaciones de pago reconocidas por éstas a favor del club arrojan un balance “claramente favorable” a Ruiz de Lopera. En el conjunto de las temporadas 1999-2008, los ingresos obtenidos por Encadesa, la empresa de Lopera, “son superiores a los reconocidos a favor del Real Betis en 82.916.550 euros”, si bien de ello hay que descontar los gastos asumidos por la empresa. Dice el informe que, en las nueve temporadas analizadas, la diferencia entre los ingresos generados por el Betis y los gastos asumidos por las empresas de Lopera supuso un saldo favorable a este último de 11.322.522 euros. A ello se deben añadir 4.842.559 euros de rendimientos financieros; 591.017 de otros ingresos de la actividad deportiva; 177.556 de intereses de demora por el retraso de unos pagarés y unos costes de personal de Encadesa no vinculados a la actividad deportiva y cifrados en 128.170 euros. En total, 17.061.825 euros que los peritos señalan como perjuicio causado al Betis, cantidad que se une a los 12,4 millones en que cifraron dicho perjuicio en las temporadas 1993-98, según el informe entregado en marzo de 2010. Tras esta ratificación, la causa por delito societario en la gestión del Betis encara su recta final y la jueza de instrucción 6 de Sevilla ha citado al principal imputado el próximo 6 de noviembre, tras lo cual comparecerán el exvicepresidente Ángel Martín y los otros seis imputados, trabajadores contratados por Lopera y supuestos testaferros de sus empresas.

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