Manuel Ruiz de Lopera sale de los juzgados entre una nube de periodistas, guardaespaldas y curiosos durante su comparecencia del pasado 14 de noviembre. El miércoles debe volver de nuevo.
Manuel Ruiz de Lopera ha reaparecido esta semana en varios medios de comunicación (As, SER, El País...) para anunciar su convencimiento de que pronto volverá al Betis y saldrá airoso de todos los procedimientos judiciales en los que se encuentra inmerso, en los que se le reclaman decenas de millones de euros e incluso se expone a penas de hasta nueve años de cárcel por presuntos delitos societarios y de apropiación indebida, amén de que por vía mercantil también se pone en tela de juicio la propiedad de buena parte de su paquete accionarial y se le reclaman también millonarias indemnizaciones por abocar al Betis a un concurso de acreedores por su gestión negligente y dolosa al frente del club, que llegó a acumular una deuda de más de 66 millones de euros a la que ahora está haciendo frente.
Desde hace semanas círculos próximos a Lopera vienen deslizando que en tres o cuatro meses el club volverá a sus manos e incluso se habla de su sobrino Javier Paéz como futurible presidente, aunque fuentes próximas a las partes denunciantes descartan de plano tal posibilidad.
NUEVO DELITO. La juez Mercedes Alaya citó el pasado jueves de nuevo a Lopera para el próximo miércoles, día 11, para imputarle un nuevo delito de imprudencia punible cometido, presuntamente, al vender su paquete mayoritario de acciones al empresario Luis Oliver, así que la finalización de la fase de instrucción puede retrasarse unas semanas más cuando ya parecía prácticamente ultimada, pues pueden practicarse nuevas diligencias, declaraciones de otros testigos o imputados y aportación de nuevas pruebas.
En cuanto la instrucción de Alaya finalice la juez deberá dictar resolución y seguramente incoe la apertura de juicio oral, las partes deberán calificar los hechos y al sumario se le dará traslado a la Audiencia, que será la encargada de señalar fecha para el juicio, muy probablemente no antes de 2015, tal y como están los tiempos judiciales. Durante todo este proceso, las medidas cautelares impuestas por la juez Alaya pueden mantenerse mientras alguna de las partes acusadoras así lo pida, aunque será la Audiencia, en su momento, quien decida sobre ello y no parece que vaya a revocarlas después de respaldar prácticamente todas las actuaciones de la juez durante la instrucción. Antes de que el caso llegue a la Audiencia hay que conocer la postura de la Fiscalía, que puede sumarse en su totalidad a las tesis acusatorias de la juez y las partes denunciantes, Béticos por el Villamarín, PNB, Liga de Juristas y el propio Betis, que se personó en la causa hace dos años, hacerlo en parte o solicitar el archivo de la causa. La Fiscalía, por ejemplo, podría acusar a Lopera de delito societario y no de apropiación indebida, de ambas cosas o de ninguna. Su postura es de capital importancia, pues sin el apoyo de la Fiscalía las acusaciones podrían verse forzadas a hacer frente a una elevada caución o fianza para seguir adelante con el proceso.
LAS CAUTELARES. También cabe la posibilidad de que las medidas cautelares sean levantadas al final de la instrucción, que es lo que viene anunciando Lopera estos días, aunque entonces podrían entrar en vigor otras que hay solicitadas al Juzgado de lo Mercantil, donde se discute la titularidad del 30% de las acciones del Betis en poder de Lopera.
Para solicitar esas nuevas medidas cautelares, las partes demandantes, eso sí, deberían hacer frente a una caución o fianza de 221.582,69 euros ya fijada por el Juzgado de lo Mercantil, el 10% del valor nominal total de las acciones que se discuten. De las 61.000 acciones que ha controlado Lopera a través de Farusa desde 1992 hay 48.000 que están cuestionadas: 36.800 discutidas en la instrucción de Alaya (las provenientes de un crédito suscrito con las Cajas de Ahorro y las que le vendieron José Léon y Manuel Morales) y otras 11.000 que supuestamente fueron abonadas con pagarés del propio Betis, que emitió 117.000 acciones en 1992.
La Audiencia revocó hace poco más de un mes la concesión de esas medidas cautelares suplentes que sí había concedido la magistrada María Dolores Cuesta por entender que no concurren los mínimos requisitos que la adopción de cualquier cautelar exige, al estar en vigor las del Penal número 6. Además, defiende la Audiencia en su resolución que condenó en costas a las partes denunciantes, unos 20.000 euros que en caso de levantarse las medidas cautelares actuales llevaría meses volver a tomar el poder efectivo de la sociedad y señala que si hay razones de urgencia, pueden aplicarse en su momento.
SIGUE EL CONSEJO. En resumidas cuentas, que si se levantaran las medidas cautelares del Penal 6 en tres o cuatro meses, como anuncia Lopera, podrían activarse las del Mercantil, en cuyo caso el ex consejero delegado solo se quedaría con los derechos políticos de un pequeño paquete de acciones y el mayoritario pasaría a ser controlado por un nuevo administrador judicial que podría ser el mismo Bosch u otro distinto. En el supuesto, poco probable, de que se levantaran las actuales cautelares y no se activaran las del Mercantil, en todo caso pasarían bastantes meses hasta que se produjera el traspaso de poderes ocurrió algo parecido con Jaime Rodríguez-Sacristán y Luis Oliver, desde julio de 2010 hasta que accedió a la presidencia Rafael Gordillo en diciembre de ese año, ya con el respaldo del administrador judicial, por lo que el actual consejo que controla José Antonio Bosch y preside Miguel Guillén es prácticamente seguro que llegará a final de temporada. Una vez concluya la misma es muy posible haya novedades, independientemente de que se mantengan o no las medidas cautelares, pues el propio Guillén ya ha expresado su deseo de abandonar la presidencia, a la que llegó en junio de 2011 de manera transitoria y en la que cumplirá tres años al término de la presente temporada. Y junto a Guillén también saldrían muchos de los que hoy le acompañan.
