López Garzón, en declaraciones a los periodistas tras asistir a la presentación de los 111 nuevos guardias civiles destinados en la Comandancia de Sevilla, ha recordado que el caso "no quedará cerrado hasta que no aparezca el cuerpo" de la joven.
Ha añadido que, cuando está a punto de cumplirse un año de la desaparición de Marta, lo primero es mostrar la "solidaridad" con la familia y transmitir el "cariño" de la ciudadanía, ya que lo ocurrido es lo "peor que le puede pasar a un ser humano".
López Garzón ha recordado que el asesino confeso de Marta "está en la cárcel y detenido por la policía", mientras que los presuntos colaboradores, en "mayor o menor grado", están detenidos por la policía.
Además, el Estado ha realizado un "esfuerzo extraordinario para tratar de localizar el cuerpo" y ha resaltado que "nunca se ha puesto un dispositivo tan extenso y amplio en un caso similar", aunque "lamentablemente estamos profundamente entristecidos y frustrados por no haber encontrado el cadáver".
El delegado del Gobierno ha recordado que los acusados han ofrecido "distintas versiones" sobre el lugar donde podría encontrarse el cuerpo de la joven, por lo que "en alguna han tenido que mentir", si bien los agentes policiales "no hacen hipótesis y cualquier pista se investiga".
Ha insistido en que se está a disposición del juez ante "una orden para ponernos en marcha al cien por ciento", si bien cualquier declaración en este momento "no aporta nada y solo enturbiaría la investigación".
Respecto a los gastos que han supuesto la búsqueda del cuerpo de la joven, López Garzón ha explicado que se han desembolsado alrededor de 200.000 euros para el rastreo que tuvo lugar en un vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
No obstante, ha afirmado que la Abogacía del Estado está elaborando un estudio sobre los gastos propios de la administración, al participar en la búsqueda miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias, ente otros, a efectos de una "reclamación en el momento procesal".
De los cinco acusados en el caso solo queda en prisión el asesino confeso, Miguel C.D., pues en diciembre pasado salió de la cárcel su amigo Samuel B.P., acusado de ayudarle a deshacerse del cuerpo de la víctima, y también quedó libre el menor de edad Javier G.M., que presuntamente participó en la violación y asesinato, tras cumplir el internamiento máximo previsto en la Ley del Menor.
Los otros dos imputados son el hermano de Miguel, Francisco Javier D.M., de 40 años, que cumplió tres meses de prisión preventiva, y su novia, acusados de haber estado en el piso de la calle León XIII de Sevilla la noche del crimen.
