Poco después del inicio del caso Mercasevilla por las grabaciones de los empresarios de La Raza a Fernando Mellet y Daniel Ponce, el PP puso el acento en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla. Un año y medio después son las irregularidades de este proceso las que han hecho resurgir un caso amortizado en la rama del cobro de comisiones y demasiado enrevesado ya en la venta de los terrenos de Sando. El tiempo ha acabado avalando la estrategia de los populares, que, animados por el resultado de su rueda de prensa en Madrid del pasado miércoles, anuncian ya una iniciativa en el Congreso dirigida a la vicepresidenta de Economía y Hacienda, Elena Salgado.
Después de meses defendiendo la legalidad de un proceso que se quería limitar a un desencuentro entre la empresa de mercados y el Gobierno andaluz por una irregularidad contable de Mellet, ahora la Junta opta ya por acotar responsabilidades, mientras se empiezan a poner en entredicho no sólo los dos ERE de Mercasevilla, sino todos los firmados por Antonio Rivas y Francisco Javier Guerrero Benítez durante la etapa de Antonio Fernández, quien dejó ayer ya su acta de diputado.
El principal argumento socialista fue y sigue siendo que los ERE son legales y están perfectamente justificados. Nada hay de momento en el caso que demuestre lo contrario. Si hay acuerdo entre la plantilla y la dirección de una empresa para encarar un ERE la Delegación Provincial de Empleo sólo ratifica lo pactado. Si los sindicatos y Mellet pactaron que todos los empleados fueran tratados igual con independencia de su antigüedad, que personal de la bolsa de trabajo pudiera acogerse al expediente y que no hubiera límite de edad -en 2003 el máximo eran 65 años; en 2007 se eliminó este tope- pertenecía al ámbito de la empresa. El comité pedía, en defensa de los intereses de sus trabajadores, y la empresa pública aceptaba las condiciones sin detenerse a analizar las consecuencias económicas o los intereses de la propia empresa de mercados.
Hasta ahí las responsabilidades están exclusivamente en el ámbito de la empresa, y en todo caso, en su consejo de administración. Pero hay una segunda fase, la Consejería de Empleo decide pagar en 2003 5,6 millones de euros para prejubilar a 50 trabajadores, frente a los 601.013 que aportaba la empresa pública de mercados que justificaba el recorte por la necesidad de renovar y de reajustar su plantilla a las necesidades de un traslado que aún no se había producido.
Según Recio, el visto bueno para que ese trámite se llevara a cabo, sólo dependía del entonces director general, Javier Guerrero, y del delegado provincial, Antonio Rivas. Y fue ahí, en un documento interno de la Junta, donde aparece el nombre de María del Carmen Fontela, la primera no trabajadora que ha aparecido en los expedientes. "No se pone la pelota en el tejado de nadie", intentó matizar ayer la secretaria de Organización, Susana Díaz.
El proceso se repitió cuatro años después. De nuevo se pactó el ERE, con otras condiciones, y fue autorizado directamente por Empleo. Y de nuevo, Mellet buscó la financiación de la Junta en sus mismos interlocutores de 2003, y Guerrero Benítez firmó tres avales ante Vitalicio -el último el día de su cese- que garantizaban que la Junta abonaría al menos 6,8 millones por las prejubilaciones. Y en una esas pólizas es dónde aparece el segundo nombre, el de Antonio Garrido Santoyo.
La Consejería de Empleo sigue sin atinar a explicar cuáles son las diferencias entre los dos expedientes. En ambos casos es un director general quien avala los pagos y financia el ERE en el que se incluyen personas ajenas a la empresa. Y entre los dos la Junta se compromete a abonar 12,4 millones para pagar las prejubilaciones de 90 ex empleados de Merca. Lo ocurrido pone en cuestión ya no sólo estos procesos de recortes de personal, sino todos los expedientes de estas características aprobados en Andalucía.
Desde el comité de empresa apuntan que la financiación por parte de la Junta de las prejubilaciones no es un caso ni mucho menos excepcional, mientras que las direcciones provinciales de UGT y CCOO reclaman que no se pongan en entredicho ni a los sindicatos ni otras negociaciones colectivas. Pero PP e IU ya lo plantearon el pasado jueves en el Pleno del Parlamento: "¿En cuántos ERE no habrá ocurrido lo mismo?". Entre 2003 y 2007 Guerrero y Rivas han autorizado 150 ERE que afectan a casi 2100 personas, según los balances anuales de la propia consejería.
A la espera de la finalización de las investigaciones, la Junta aún no ha aclarado dónde está el dinero que supuestamente se asignó a una mujer en 2003 que asegura no haber recibido nada. Mientras esta incógnita no se despeje, el PP tiene vía libre para continuar en la línea que llevará al Congreso de los Diputados la próxima semana, y que exigió ayer en el Consejo Audiovisual Andaluz que se convierta en información regional en Canal Sur.
Mientras el PSOE trata de frenar el impacto del caso a siete meses de las campañas municipales. Ayer, le tocó el turno a la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz: "No hay de ningún modo una financiación ilegal. Queremos que la Justicia actúe de forma implacable. En el PSOE tenemos tolerancia cero contra la corrupción".
