Gastos que cuadruplicaban los ingresos, comisiones desproporcionadas, pagos por servicios que no fueron prestados, renovaciones de jugadores injustificadas, gastos desorbitados por alojamiento y manutención, recargos tributarios por no atender al pago de impuestos, gastos abonados con anterioridad a su vencimiento, prestación de garantías a favor de personas jurídicas vinculadas a Manuel Ruiz de Lopera, inexactitudes graves en la valoración de la lista de acreedores y los bienes de la sociedad...
Estos son algunos de los capítulos del amplio informe de alegaciones presentado por quince socios del Real Betis Balompié al juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla en el que se solicita que el concurso de acreedores del Betis sea calificado culpable por parte de los administradores concursales o el Ministerio Fiscal, que en cuestión de días –semanas a lo sumo– han de pronunciarse sobre el asunto.
En el mismo se solicita a Manuel Ruiz de Lopera el resarcimiento de 19,9 millones de euros por el perjuicio causado al club durante los dos últimos años de su gestión –los previos a la declaración del concurso–, y otros 4,6 a Luis Oliver, al margen de que ambos estén inmersos en otros procesos, penales o de acción social de responsabilidad.
Para el expresidente José León, al que en se define como “mano derecha de Lopera” y que “conoció e intervino en algunas de las operaciones mediante las que el Sr. Oliver sacó presumiblemente bienes y derechos del Betis fraudulentamente”, se solicita una inhabilitación por un periodo de ocho años atendiendo a que, “aunque intervino en todos los graves hechos y la entidad del perjuicio es considerable, en la mayoría lo hizo con pasividad en lugar de con actividad”.
También se piden ocho años de inhabilitación para el ex consejero Manuel Castaño, “accionista propietario del 3,1217% del capital social (el que mayor porcentaje individual ostenta después del Sr. Ruiz de Lopera), que “particularmente, apoyó y sigue alabando la gestión del Sr. Oliver no solo en los medios de comunicación, sino también en la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié del pasado diciembre, por lo que se le deben hacer extensibles a él no sólo los éxitos deportivos que se arroga sino también la imputabilidad de las conductas orientadas por el Sr. Oliver”, se indica.
Para Ángel Vergara –socio de Oliver– también se piden ocho años de inhabilitación y seis para el ex presidente Jaime Rodríguez-Sacristán “atendiendo a que su relevancia en la gestión era más reducida que la de los Sres. Castaño y León”. A todos ellos se les pide que “deben resarcir todos los daños ocasionados al Betis durante el periodo en que ostentaron el cargo de consejero salvo aquéllos por los que sean condenados en su caso, por la acción social de responsabilidad ejercitada también contra ellos” por el propio Betis.
GASTOS DESORBITADOS. “No hay que ser un experto en gestión empresarial para convencerse que este comportamiento es gravemente culposo, que nadie con la menor diligencia permite que la sociedad que administra gaste más de 3,5 veces lo que ingresa en 2.009-2.010 y casi el doble en la primera mitad del ejercicio 2.010- 2.011, o que solamente en personal se gasta el doble de lo que se podía ingresar por todos los conceptos en la temporada 2.009-2.010.
Sin embargo, eso es lo que se hizo con el Betis durante las temporadas anteriores a la declaración de concurso, especialmente en la 2.009-2.010 (que arrojó unas pérdidas de 44 millones de euros), generando su insolvencia. Y todo ello a pesar de que a esa fecha ya se estaba incurriendo recurrentemente en cuantiosas pérdidas (10 millones en la 2007/08 y 8,5 millones en la 2008/09)”, comienza diciendo el alegato de los socios béticos.
"Según las normas de Fair Play Financiero de la UEFA, el Betis debió gastar en personal 22.242.737,33 euros menos de los que gastó en ese periodo, ése es el daño que se le ha ocasionado, fácilmente identificable, cuantificable y evaluable por referencia a las Normas UEFA de Fair Play incumplidas, del que deben responder los administradores según el art. 172.2.3º in fine LC.”, se recoge en el informe, haciendo referencia a la norma UEFA de no gastar en personal más del 70% de los ingresos previstos, lo que el Betis incumplía de forma asidua.
En el informe se hacen continuas referencias a las similitudes que se producen con los procesos concursales vividos en la Real Sociedad y el CD Alavés, declarados ambos culpables por el juzgado de lo Mercantil. Iñai Badiola, ex presidente de la Real, fue declarado culpable del concurso de acreedores al que tuvo que acogerse el club donostiarra, motivo por el que dejó de percibir más de un millón de euros que el club le adeudaba y fue inhabilitado dos años. A Dimitri Piterman –junto a su mujer y al ex presidente Nereo Ruiz– lo condenaron a indemnizar con 6,8 al Alavés por llevarlo a concurso en 2007.
