Una cola de personas espera ante las oficinas de demanda de empleo en Sevilla.
El Gobierno andaluz ha dejado en manos de los ayuntamientos el 50% del presupuesto del decreto ley contra la exclusión social, que entró en vigor ayer, y que está dotado con 120 millones para sufragar empleos para parados de larga duración, alimentación para los más estratos más vulnerables, atención a la dependencia y ayudas a familias sin ingresos. En los próximos 15 días, todos los alcaldes que quieran participar en el Programa de Ayuda a la Contratación, uno de los pilares del decreto, tendrán que remitir a la Consejería de Salud y Bienestar Social su solicitud. El plan de Acción Social está dotado con 40 millones de euros, a repartir entre los 771 municipios. A cada consistorio le corresponde una cantidad distinta, proporcional al número de parados registrados en su municipio. La localidad con más fondos asignados, y por tanto con mayor número de parados es Sevilla (3,3 millones de euros), y los que menos reciben son los pueblos más pequeños, cuya asignación no puede ser inferior a mil euros (el salario tope de un solo contrato).
Las 15 ciudades andaluzas con más paro (incluidas las ocho capitales) absorben 16,8 millones y, de media, podrán hacer 1.123 contratos mensuales de mil euros. Esta cifra variará en función del tipo de trabajo, ya que los contratos pueden prolongarse hasta un máximo de tres meses, pero también pueden ser de 15 días.
En el anexo del decreto aparece el listado de municipios y las cantidades que les corresponden. Los regidores pueden solicitar menos de la cuantía asignada, pero nunca más. Si un alcalde renuncia a las ayudas, sus fondos se redistribuirán entre las localidades con más parados. En cambio, si decide participar y acepta el dinero, el ayuntamiento ha de comprometerse a ciertos requisitos: las entidades locales decidirán qué tipo de trabajos ofertan. El único criterio es que sean servicios de especial interés para la comunidad y no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados en el Ayuntamiento, como consecuencia, por ejemplo, de un ERE. Serán contratos por obra o servicio y el salario mensual no superará los mil euros, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social, o su equivalente proporcional a los contratos inferiores a un mes. Si el empleado cobra más de mil euros, será el ayuntamiento el que abone la diferencia.
El programa prevé llegar a los 40.000 beneficiarios potenciales. Una vez que los ayuntamientos firmen su participación en el plan, todos los contratos deberán estar formalizados antes de seis meses.
Los destinatarios, que tendrán que solicitar los empleos directamente en sus consistorios, deben tener entre 18 y 65 años, llevar un año ininterrumpido en el paro, con unos ingresos por unidad familiar inferior al 1,5 veces el Iprem (798 euros al mes) y acreditar riesgo de exclusión. Aparte de esto existe un baremo que dará prioridad, por este orden, a estos criterios: pertenecer a una familia con todos los miembros en paro desde hace seis meses; familia numerosa; tener un menor a cargo; residir en zonas con necesidades de transformación social (hay delimitadas 51 en Andalucía); tener un familiar con discapacidad; familia monoparental con un hijo; víctima de violencia machista o tener dos hijos.
El decreto cuenta con otras medidas, como el plan de ayuda a domicilio, que agilizará las subvenciones para dependientes moderados y servirá para recuperar 2.300 empleos de cuidadoras de los 4.500 que se destruirán con los recortes a la ley de dependencia. La red de solidaridad alimentaria está dirigida a 40.000 niños que viven al borde de la pobreza, a los que se garantizará tres comidas al día a través de los 1.800 comedores escolares. Los mayores más necesitados (7.577) también se beneficiarán de esta medida a través de un catering. Por último, la Junta acortará en dos meses el plazo para recibir el salario social, una prestación económica semestral que oscila entre los 400,09 y los 645,3 euros, dependiendo de la unidad familiar. Actualmente se benefician de ella entre 30.000 y 40.000 familias sin ingresos.
Una red de producción, recogida y distribución de alimentos Mientras por un lado la Junta refuerza los comedores escolares (a los que se añade el desayuno y la merienda para garantizar tres comidas al día), por otro lado buscará tejer una red de voluntariado para la recogida y distribución de alimentos, para la que contará con ONGs, cadenas de distribución, la industria agroalimentaria, asociaciones de consumidores, productores de alimentos, ayuntamientos y ciudadanos. El director general de Administración Local, Antonio Maíllo, explicó ayer que su departamento repartirá tres millones de euros en transferencias a los ayuntamientos para actuaciones en apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria. Por otro lado, contará con un millón de euros que se otorgará mediante subvenciones para todas las entidades mencionadas que participen en la recogida y distribución de alimentos. Los alcaldes que quieran recibir el dinero para fondos de alimentos podrán solicitarlas a partir de hoy y hasta el 21 de mayo. Estas ayudas vienen a complementar acciones en materia de solidaridad alimentaria que ya realizan muchos municipios, quiso precisar Maíllo.
