Los 375 alcaldes del PSOE pedirán a los bancos parar los desahucios en sus pueblos

Los municipios exigen la moratoria de 5 meses hasta que el Constitucional resuelva. IU insta a la Junta a pedir al presidente del TC que se inhiba en los litigios contra Andalucía.

el 22 jul 2013 / 22:03 h.

Mario Jiménez. Mario Jiménez. La dirección del PSOE andaluz va a remitir una moción a los alcaldes de los 375 municipios que gobiernan en Andalucía –más del 50%– para que insten formalmente a las entidades bancarias ubicadas en sus pueblos para que no ejecuten ningún desahucio en los próximos cinco meses, periodo durante el cual el decreto de protección social de la vivienda permanece suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). La Junta ha reclamado a los jueces de la máxima instancia jurídica del país que levanten el veto a la norma, y acepten una moratoria de cinco meses para que mientras el tribunal resuelve sobre el recurso interpuesto por el Gobierno, las familias más desprotegidas no sean desalojadas de sus casas. El PSOE-A, dijo este lunes su vicesecretario general, Mario Jiménez, apoya esta reivindicación de la Junta, pero también ha pedido a los alcaldes socialistas que vayan más allá y pidan la implicación directa de los bancos de sus municipios. La moción se debatirá en los plenos de todos los ayuntamientos donde gobierna el PSOE, aunque Jiménez animó ayer al PP en estos municipios para que apoyen la iniciativa. La federación de izquierdas, que gobierna junto a los socialistas y es la impulsora directa del decreto, también ha pedido a sus alcaldes que busquen el compromiso de las entidades bancarias hasta que se resuelva el litigio en los tribunales. La consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), no duda de la “plena constitucionalidad” de la norma, que permite multar a los bancos que se resisten a poner en alquiler las viviendas vacías que poseen, y expropiar a las entidades bancarias cuando están a punto de desahuciar a una familia sin recursos económicos. La moción presentada ayer por el PSOE-A no llega, sin embargo, hasta el punto de pedirle a los alcaldes socialistas que retiren sus cuentas de los bancos que siguen ejecutando desahucios, como han hecho a título personal algunos alcaldes. Jiménez tildó ayer esas decisiones de “administrativas”, no políticas, y aseguró que las “tiene que tomar cada alcalde pensando en el interés general”. Cortés, que participó ayer en la Conferencia Sectorial de Vivienda, criticó que la “imparcialidad” del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, está “más que puesta en tela de juicio” después de que se conociera la militancia de éste en el PP. La consejera insistió en que la Junta está trabajando para que el Constitucional levante la suspensión cautelar de cinco meses impuesta con la admisión a trámite del recurso de inconstitucional presentado por el Gobierno contra el decreto. El PP, por su parte, aseguró que la política nacional de vivienda debe articularse con “medidas realistas” y no “populistas”, que “van en contra de la Constitución” y que “lo único que hacen es introducir más incertidumbre”, en alusión al decreto andaluz antidesahucios. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, también insistió ayer en que su grupo va a solicitar a la Junta que estudie la petición de inhibición del presidente del TC en los procesos que afecten a Andalucía, así como que el gabinete jurídico del Gobierno autonómico estudie qué posibilidades hay para recusar al presidente por ocultar la pertenencia a un partido, que en el artículo 7 de sus estatutos establece que “todo militante debe seguir la estrategia marcada por ese partido político”. Maíllo subrayó que Andalucía está “atacada permanentemente” por el Gobierno del PP, y puso como ejemplo la presentación de recursos como el de la subasta de medicamentos y el del decreto de la función social. El vicepresidente de la Junta y miembro de la ejecutiva de IU, Diego Valderas, también defiende que la Junta solicite a Pérez de los Cobos que se inhiba de los litigios andaluces. Preguntado al respecto, Mario Jiménez descartó dos veces dicha opción, alegando que desviaba la atención de lo importante. “No me parece especialmente importante ni relevante”, dijo.

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