El Gobierno eliminará por un mínimo de seis meses y un máximo de un año las cotizaciones sociales a las pymes que realicen contratos a tiempo parcial, mientras que las rebajará un 75% a las restantes empresas con el mismo objetivo. Por otro lado, la ayuda que sustituirá a los 426 euros al mes para los desempleados que hayan agotado las prestaciones se darán exclusivamente a los parados de larga duración y que tengan cargas familiares.
El Ministerio de Trabajo avanzó ayer algunas de las iniciativas contempladas en el nuevo plan de choque contra el desempleo que aún negocia con sindicatos y patronal y vinculado al pacto social que posiblemente mañana den a conocer en su integridad. En él se meterán dos reformas, la de las pensiones y la de las políticas activas de empleo, junto con la política energética, industrial y de la I+D+I. Los cambios en la negociación colectiva aún están muy abiertos, "con las espadas en alto", como ayer dijo la CEOE. Siguen las negociaciones.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, indicó, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica, que la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social (la que pagan las empresas por sus empleados) en el caso del trabajo a tiempo parcial (jornada mínima del 50%) va a ser del 100% en las pequeñas y medianas empresas y del 75% en el resto.
Esa exención o rebaja será de seis meses para los contratos temporales y de hasta doce en los indefinidos.
Rodríguez aseveró que no era contradictorio ese incentivo temporal con la finalidad de la reforma laboral de fomentar el empleo indefinido. Los contratos a tiempo parcial -según comentó- se conciben como un "tránsito" hacia el empleo estable y, por tanto, también se beneficiarán de las bonificaciones a la conversión ya arbitradas en la vigente reforma laboral.
Pero los sindicatos dijeron ayer que no les gustaba la rebaja de las cuotas para el empleo parcial, ya que el mercado de trabajo es suficientemente precario, si bien no será vetada en el contexto de un pacto social global. Mari Luz Rodríguez calculó en unos 100.000 los empleos que, cada año, se podrían generar.
Ese impulso a la contratación parcial se incluye en los cambios previstos para las políticas activas de empleo, entre los que se arbitrará la ayuda que sustituirá, a partir del día 15, a los 426 euros.
La cuantía estará "en torno" a los 400 euros y sí estará vinculada a los cursos de formación que realicen los beneficiarios.
Entre sus novedades, la secretaria general de Empleo detalló que recoge su carácter nacional, es decir, correrá a cargo del Estado y no de las autonomías, aunque éstas deberán reservar orientadores y acciones formativas para los receptores de la ayuda.
¿Quiénes serán? El ministro de Trabajo, en declaraciones a RNE, apuntó que los beneficiarios van a ser los parados de larga duración que tengan cargas familiares, que en todo caso deberán realizar cursos de formación públicos.
