La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en una reciente reunión con los rectores andaluces. / EFE
Unos 10.000 universitarios del Grado de Educación Infantil y Primaria, y alumnos del máster de Secundaria futuros enseñantes tienen que realizar este curso el periodo obligatorio de prácticas de profesor en colegios e institutos públicos. A estas alturas del año, la Consejería de Educación admite que sólo 1.609 alumnos del antiguo Magisterio están realizando sus prácticas (16%). En algunas provincias, el periodo de formación docente empezó con normalidad en octubre, en otras se ha tenido que posponer al segundo cuatrimestre debido a que algunas universidades, entre ellas la de Sevilla, rechazan el convenio que deben firmar con la Consejería de Educación y que regula las prácticas. Los decanos de las nueve facultades de Educación de Andalucía firmaron ayer un manifiesto para trasladar su «profundo desacuerdo» con la forma en que la Junta ha gestionado el problema de las prácticas docentes. La principal discrepancia entre las universidades y el departamento de Luciano Alonso está en la compensación económica que recibían, hasta ahora, los maestros y profesores que ejercen voluntariamente de tutores del llamado prácticum. Estos docentes (6.200 en Andalucía) recibían un plus salarial de unos 39 euros mensuales que debían pagar las universidades, pero en la práctica sólo se pagaba a los de la ESO (Almería es la única que también pagaba a los de Primaria).
En un contexto de asfixia económica, y con los rectores reclamando a la Junta una deuda de 700 millones, la Universidad de Sevilla denunció el convenio en noviembre de 2013 y se negó a firmar el nuevo convenio el verano pasado. Tras retirarse una universidad, el texto no entró en vigor al iniciarse el curso: cada universidad lo interpretó de una forma, por eso las prácticas empezaron en unas provincias con retraso y en otras no han empezado aún. La consejería de Alonso ordenó a las delegaciones territoriales de Educación que no permitieran el acceso a los estudiantes de Magisterio a ningún centro escolar público «hasta que no se firmara el nuevo convenio». Luego hubo una «rectificación verbal», pero a estas alturas no hay un convenio en vigor que regule las prácticas.
El pulso político desencadenó este martes en un acto de protesta de todos los decanos de Educación. Estos denunciaron que la situación ha dificultado la inscripción de sus alumnos en los centros de prácticas, obligando incluso a modificar la planificación del curso académico.
En paralelo, la consejería anunció que, para desbloquear el conflicto, ha ofrecido a las universidades un nuevo convenio. En éste, según ha podido saber esta redacción, desaparecerá el plus salarial para los tutores, y a cambio se plantean incentivos laborales (por ejemplo, los profesores de colegios e institutos disfrutarían de la tarjeta de docente universitario que les otorga ciertos beneficios, acceder a instalaciones, etc). Los decanos sostienen que la solución de la Junta llega «tarde y no resuelve todas las variables de la problemática», informa Europa Press, además se quejan de que les hayan dejado al margen del diseño del nuevo convenio.
La formación inicial del profesorado depende de las universidades, pero una parte (las prácticas) se desempeña dentro de la escuela. El prácticum ocupa tres cuartas partes de un curso académico, en el que el alumno, futuro maestro, entra por primera vez en contacto con un aula, tutelado por un profesor veterano. En Andalucía se imparten prácticas en 1.850 centros, hay actualmente 6.200 tutores y 7.500 alumnos del Grado de Infantil y Primaria. En otros 330 institutos se realizan prácticas de Secundaria, con 900 tutores y 650 alumnos del máster de profesor.
