Dicho informe ha sido realizado por Miguel Ángel Garrido y, según la defensa de Lopera, demuestra que el perito judicial en cuyo informe se basa la acusación "instruyó y firmó, como inspector tributario, varias actas de inspección" en las que plasmó criterios distintos a los que ahora mantiene.
Este perito afirma que los pagos de la empresa de Lopera, TEGASA, "eran gastos propios y no estaban relacionados con la actividad deportiva del Betis", "justamente lo contrario de lo que había probado y documentado como inspector", dicen los abogados de Lopera.
El perito judicial, que también es inspector de Hacienda, ha cifrado en 12,4 millones de euros el perjuicio de Lopera al Betis en las temporadas 1993-98 y en 17 millones en la etapa 1999-2008 y su peritaje es la base para una acusación por la que Ruiz de Lopera declarará como imputado el próximo 6 de noviembre ante la juez Mercedes Alaya.
Según el informe de Garrido, al que ha tenido acceso Efe, el inspector de la Agencia Tributaria certificó que los gastos de la empresa de Lopera "fueron considerados como afectos a la actividad deportiva del Betis, atribuidos a dicha entidad (verdadero titular) y calificados como deducibles para determinar la base imponible del Betis".
Añade que ese criterio de la Inspección "relativo tanto a la calificación del contrato como en cuanto a la atribución de los gastos registrados en los libros de TEGASA al Betis y la deducibilidad de los gastos así atribuidos para determinar la base imponible" fue ratificado tanto por los tribunales económico-administrativos andaluz y central como por la Audiencia Nacional.
El inspector "instruyó y suscribió" las actas del impuesto sobre sociedades correspondientes a los ejercicios 1996 a 1998 del Betis y las actas entre 1995 y 1998 de TEGASA, así como los pertinentes informes ampliatorios.
La defensa de Lopera, en un escrito entregado el pasado 22 de julio al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, sostiene que "la realidad acreditada con estos documentos oficiales" certifica que el perito, en su informe judicial, "ha faltado a la verdad o ha silenciado datos relevantes que le eran conocidos", delitos sancionados en los artículos del Código Penal que persiguen el falso testimonio o el peritaje que "sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos relevantes".
Dice la defensa que su objetivo es conocer "la verdad material" de los hechos investigados y "depurar las diligencias de instrucción" para conocimiento de las partes a los efectos de la posible utilización posterior de dicho peritaje.
Las tensiones entre los abogados de Lopera y los peritos judiciales llevaron en junio pasado a la juez a incoar diligencias previas contra el bufete por un presunto delito de calumnias contra un funcionario público.
Entonces, la juez Alaya recordó que los dos peritos de Hacienda "son funcionarios públicos pertenecientes al cuerpo de Inspección de la Agencia Tributaria y por esa cualidad y en auxilio jurisdiccional prestado a este juzgado fueron nombrados como peritos de la causa para mayor garantía de imparcialidad", a la vez que a lo largo de su trabajo habían demostrado "extraordinaria profesionalidad y dedicación al presente procedimiento, sin percibir ninguna remuneración".
