Los abogados de los ERE podrán defender a varios imputados "contrapuestos"

La jueza Alaya lo ha permitido a través de un nuevo auto por motivos de "eficacia y agilidad".

el 23 sep 2013 / 13:33 h.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta administración  fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos  autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de  regulación de empleo (ERE) irregulares, ha permitido finalmente, en un nuevo auto y por motivos de "eficacia y agilidad", que "cada  dirección letrada defienda a los imputados que voluntariamente  consientan" posibles situaciones de "contraposición de intereses", al  representar algunos abogados a personas con roles especialmente  distantes en los hechos investigados. En un auto previo del pasado 30 de julio, la juez Mercedes Alaya  sostenía que aunque los imputados en este procedimiento "son libres  de designar un letrado de su elección", los órganos judiciales  "tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre la  respectiva posición procesal de las partes, situaciones enfrentadas o  limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas una  protección inadecuada de sus derechos e intereses legítimos en el  proceso". CASOS CONCRETOS. Ponía de manifiesto, en concreto, que "esta posibilidad pudiera  darse" en el caso de Manuel Gómez Martínez, que fue interventor  general adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda con categoría  de director general cuando José Salgueiro era viceconsejero y Antonio  Estepa era secretario general de dicha Consejería, pues todos ellos  comparten abogado. También citaba el caso de Buenaventura Aguilera,  técnico de la Dirección General de Presupuestos cuando era director  general Antonio Vicente Lozano, a quien sucedió en el cargo cuando  éste cesó en el mismo, toda vez que ambos cuentan también con la  misma dirección letrada. Señalaba igualmente el caso de Francisco Mencía, quien sucedió en  el cargo de director general del IFA a Antonio Lara, contando ambos  con la misma dirección letrada. Igualmente, en aquel auto la juez  señalaba el caso de Juan Luque, quien siendo interventor delegado de  la Consejería de Empleo, coincidió con el que fuera director general  de Trabajo Daniel Alberto Rivera "en la época de la encomienda de  gestión de 27 de abril de 2010", mientras que Jacinto Cañete  "pretende designar al mismo letrado" de Antonio Diz-Lois, quien fuera  director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA cuando  el primero era director general de dicha agencia. "DISPARIDAD DE SITUACIONES". "Deberán designar abogados distintos que ostenten las respectivas  direcciones letradas y, de esa manera, impedir la indefensión que la  disparidad en las situaciones procesales de las partes produciría, y  ello para garantizar el derecho a un proceso justo y sin dilaciones,  que podría derivarse de la sobrevenida incompatibilidad de los  letrados designados", aseveraba la juez en aquel auto respaldado por  cierto por la Fiscalía Anticorrupción. Pero el pasado viernes 20 de septiembre, la juez Alaya emitió un  nuevo auto relativo a este aspecto y en la que la magistrada da  marcha atrás en su decisión. En el auto, recogido por Europa Press,  la juez insiste en sus argumentos en cuanto a las incidencias  derivadas a cuenta de direcciones letradas que podrían incurrir en la  defensa de "intereses contrapuestos" al representar en paralelo a  determinadas personas relacionadas con los hechos investigados, dando  cuenta de que su decisión "ha encontrado el rechazo de la mayoría de  los letrados y son múltiples los recursos interpuestos que pueden  entorpecer la instrucción, ya de por sí enormemente compleja". "POR EFICACIA Y AGILIDAD". Dado el caso, "bajo la premisa de que la asistencia letrada por un  solo abogado de varios imputados en los que, en teoría, pudieran  existir estos intereses contrapuestos se ha realizado con el  conocimiento y la entera voluntad de aquellos, (...) procede por  razón de eficacia y agilidad en la causa acceder a que cada dirección  letrada defienda a los imputados que voluntariamente la consientan". La juez, no obstante, previene a los abogados del artículo 467 del  Código Penal y de "la posibilidad de que pueda existir realmente  dicha contraposición de intereses". Así, la juez pide a los abogados  que recurrieron su mencionado auto de fecha 30 de julio que desistan  de los recursos en cuestión y tiene plenamente por personados a los  citados imputados con los abogados ya inmersos en la causa.

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