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Los abogados de Merca piden al juez que saque a sus clientes del veredicto

El magistrado les replica que hay elementos de prueba contra ellos suficientes para que el jurado los valore

el 18 oct 2012 / 07:53 h.

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El abogado del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, uno de los cuatro acusados en el juicio por el presunto intento de cohecho por haber pedido dinero a los propietarios del Grupo La Raza, ha reclamado al juez que excluya del veredicto a su cliente al entender que la prueba contra él "es inexistente". El letrado ha argumentado que la petición de dinero a estos empresarios a la hora de concederles una subvención para una escuela de hostelería no fue "una petición de dádiva", sino "la conclusión de un negocio".

El abogado de Mellet ha pedido la aplicación del artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para que se excluya del veredicto a su cliente, a lo que se han sumado los letrados del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y de la funcionaria Regla Pereira. El único abogado que no ha pedido esta medida ha sido el del exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce.El abogado de Rivas también ha pedido excluirlo del veredicto al entender que "no existe prueba de cargo", aunque ha adelantado que si el juez se negase sentiría una "gran alegría", porque los "perjuicios" sufridos por el acusado "sólo se pueden compensar con un veredicto de inocencia". El magistrado ha rechazado las peticiones de los abogados argumentando que "no es normal" que se solicite algo así en un juicio con jurado y que él lo podía haber ordenado de oficio, pero no lo ha hecho porque cree que "hay elementos de prueba suficientes para que el jurado los valore".

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre del PP ha solicitado al magistrado que deduzca testimonio de oficio por un presunto delito de prevaricación cometido en la concesión de la subvención de 900.000 euros a los empresarios de La Raza para crear esta escuela de hostelería.
El letrado ha pedido al magistrado Ángel Márquez que envíe a otro juzgado, para que investigue ese posible delito de prevaricación, el testimonio de los cuatro acusados y el de otros funcionarios que habrían participado en la tramitación de la subvención.

El letrado ha explicado a los periodistas que la petición de deducción de testimonio iría dirigida, además, contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la funcionaria, la jefa de sección y la exdirectora general de Formación para el Empleo. A juicio del abogado del PP, "el cohecho es el final, el último tramo de unos hechos perfectamente predeterminados". Al considerar que "desde un principio todo estaba organizado" para la concesión de la subvención, ha recalcado que se reserva el derecho a ejercer otras acciones judiciales.
En ese sentido, ha comparado este caso con el del exdirector general de la Guardia Civil Juan Roldán, que "adulteró" el procedimiento de contrataciones y "exigió una comisión".

"Sólo hay que cambiar el término contratos públicos por subvenciones", señaló.

El abogado ha considerado que las pruebas contra Mellet y Ponce "son abrumadoras y más que suficientes", haciendo alusión a la grabación de los empresarios donde se pide supuestamente la comisión, defendiendo su validez, ratificada por "todas las instancias judiciales", y añadiendo que "si no hubiera sido legal, el magistrado presidente no hubiera permitido que el jurado la escuchara". En cuanto a Pereira, ha negado que fuera "una simple secretaria", ya que "fue directora de Infraestructuras de Mercasevilla y no cobraba como una secretaria", a lo que se suma que "tenía mando dentro de Mercasevilla y de la Fundación".

El abogado de Mellet ha insistido en que la grabación "vulnera los derechos fundamentales" de su cliente y ha puesto en duda la "credibilidad" de los empresarios, mientras que el letrado de Ponce ha insistido en que tras el caso "hay un trasfondo político.

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