El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, consideró ayer que sería conveniente que se graduara la pena por el delito de encubrimiento cuando el hecho sea de especial gravedad y afecte a menores, ya que en la actualidad la penalidad máxima es de seis meses a tres años, con independencia de cuál sea la naturaleza del delito encubierto y de quién pueda ser la víctima.
En relación al caso de Marta del Castillo, Gallardo pidió además que se estudie la posibilidad de aumentar la protección penal a los menores endureciendo las penas por diversos delitos, y que se activen protocolos policiales de actuación inmediata que atiendan las denuncias por desaparición de menores, según detalló a Europa Press.
Del mismo modo, consideró que los efectos disuasorios de aumentar las penas son muchas veces relativos, por lo que debería estudiarse y debatirse un incremento de las penas en los delitos contra la vida, integridad física, psíquica y moral, cuando las víctimas sean menores, para dotarlos de un plus de protección penal.
En opinión del decano, la minoría de edad de la víctima debería fijarse como agravante de la responsabilidad penal en delitos contra las personas como homicidios, asesinatos, desapariciones o agresiones con secuelas. Así, consideró razonable que el Código Penal permitiera imponer más condena a quienes intencionadamente priven de la vida o atenten contra un menor, merecedor de mayor protección social.
