-->-->--> La junta general ordinaria de accionistas del Betis 2010-11 transcurría tranquila, según lo previsto. Las cuentas se habían aprobado, así como la gestión social del consejo en vigor desde la asamblea del 13 de diciembre, y también se había suspendido la gestión del anterior consejo, el que encabezaba Luis Oliver y presidía Jaime Rodríguez Sacristán.
Ya entonces advirtió el consejero José Antonio Bosch, a la sazón representante del accionista mayoritario, que su sentido de voto sería negativo en el último de los casos. “Hemos tenido conocimiento de que durante esa etapa los miembros del consejo realizaron actividades lesivas para el Betis. Propondré a la asamblea una acción social de responsabilidad”, adelantó. Y así fue. Los accionistas, basándose en “pruebas razonablemente fundadas” de que hubo “actividades ilícitas”, aprobó la idea y el Betis, por tanto, denunciará a todos los consejeros que pasaron por el club durante la era de Luis Oliver y algunos anteriores, como el exvicepresidente Ángel Martín, “por acción directa u omisión”.
La acción se ejercitará contra dos expresidentes, Jaime Rodríguez Sacristán y José León, y trece exconsejeros: Manuel Castaño, Francisco Nuchera, Luis Navarro, Ángel Martín, José María Blanco, Antonio Álvarez, Rufino González, Luis Oliver, Ángel Vergara, Eduardo Peña, Juan Carlos Roldán, Luis Rementería y Joaquín Zulategui. El origen es aquel informe que realizó el consejo entrante el 14 de diciembre y que dio lugar a la famosa frase de Bosch: “Ha habido un saqueo”.
A raíz de ahí, la jueza Mercedes Alaya ordenó una investigación más profunda y la Policía Judicial, en concreto la Udyco, está a punto de rematar un informe que señala irregularidades en varias operaciones, a saber: en el traspaso de Mehmet Aurelio al Besiktas, por una factura de 354.000 euros a favor de Bastogne Corporation; en el traspaso de Sergio García al Zaragoza, por una factura de comisiones de 590.000 euros a Sport Transfer, aunque “la mayor parte de los fondos acabó en Bastogne”; en el contrato con Orion, por pagos por importe de 145.500 euros “que no se corresponden con los trabajos prestados”; un pago a la auditora Delectas por 35.400 euros “por un encargo realizado por y a favor de Bitton”; y, por último, en un contrato de prestación de servicios con Lucerna Technology, dos pagos de 13.806 y 13.807 euros “por servicios que no fueron prestados”.
Ninguna de esas partidas fue aprobada por el consejo pero “la mayor parte de las operaciones eran de conocimiento público y de todos los consejeros”, según José Antonio Bosch.Casi toda la sala aplaudió la explicación del consejero y las acciones legales para solicitar daños y perjuicios se aprobaron por mayoría.
Se produjo entonces el momento más tenso de la noche. Uno de los futuros denunciados, Manuel Castaño, había acudido e inmediatamente se le concedió la palabra. Iracundo, el abogado proclamó: “Se propone una acción contra determinados béticos, la mayoría con número de carnet menor que la inmensa mayoría de quienes se sientan en la mesa, con más acciones y con un beticismo demostrado de hace 37 años. Manuel Castaño y las personas que han estado conmigo han trabajado siempre honesta y honradamente por el Betis. Yo lo he hecho desde que era chico y me saqué un carnet de cartón piedra. Lo único que he hecho es poner dinero de mi bolsillo para el Betis. Siempre. Y trabajar gratis para el Betis. En los once años que he estado jamás he tocado un céntimo de euro del Betis. Jamás. Me parece injusto, lamentable, que a algunos béticos se les exija una acción social de responsabilidad. En este tiempo hicimos un equipo reduciendo a la mitad el gasto del año anterior que ascendió a Primera y batió el récord de puntos de la historia de Segunda. Hemos hecho un buen trabajo en la cantera y estáis recogiendo el fruto que otros sembramos. Es injusto que se exija responsabilidad a quien ha trabajado con sus manos limpias”.
Bosch volvió a intervenir más tarde para aclarar un punto importante. “Nuestro objetivo es restituir los 1.155.000 euros que faltan, pero procuraremos individualizar. No es lo mismo aquel en cuya cuenta corriente acabó el dinero que aquel que no tomó el cuidado suficiente para que otro consejero acabara con el dinero en su cuenta corriente”, advirtió.
Fernando Casas, consejero. La segunda noticia de la junta, habida cuenta de que el consejo declinó amablemente dar datos sobre el plan de viabilidad, fue el nombramiento de Fernando Casas Pascual como octavo consejero de la entidad. Es licenciado en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de Sevilla y suplirá la labor que ahora realizan los administradores concursales.
