Jueves 8 de marzo. Quedan sólo unas horas para el inicio de la campaña electoral. A la una y media de la tarde, todos los sindicatos del Ayuntamiento reciben un informe detallado sobre la reclasificación de la plantilla de la Policía Local, un acuerdo pendiente desde hace años y una de las principales demandas del sindicato mayoritario del cuerpo y uno de los más poderosos, el Sppme, que supone un coste para el Consistorio de tres millones de euros. Prácticamente a esa misma hora, en la sede de Lipasam, la dirección de la empresa planteaba ante el comité una propuesta de acuerdo para resolver la amenaza de huelga convocada para los días previos a las elecciones por los sindicatos que implica que los contratos eventuales pasen a ser indefinidos y que se refuercen los servicios, cubriendo las vacantes, en fechas como la Semana Santa o la Feria. Fueron unas horas paradigmáticas. El Ayuntamiento de Sevilla es ahora el emblema del PP ante el reto de imponerse por primera vez a los socialistas en la provincia; y su alcalde, Juan Ignacio Zoido, además de candidato al Parlamento andaluz, es el referente del discurso del "cambio" de los populares. A las puertas de la campaña se despejó cualquier posible conflicto laboral en el Consistorio, una vez que en Tussam los problemas se disiparon con un plan de saneamiento que se presentó el pasado 27 de febrero tras años de espera. Sólo quedaban los Bomberos. Y para ellos hubo un compromiso el día del arranque de la campaña: el mismo acuerdo que para la Policía, pero con una base distinta, eso sí, se firmará en breve. Puede que antes de las elecciones.
Que el Ayuntamiento debía cumplir todos estos compromisos con el personal que realiza los servicios municipales es incuestionable. Todas estas reformas son producto de acuerdos firmados por el anterior gobierno, avalados en algunos casos incluso por un cambio legal al que nunca se adaptaron algunos cuerpos locales y necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios públicos. El problema es el momento. Las circunstancias. El contexto. Zoido ha querido resolver de un plumazo, en unas semanas, debates y negociaciones que llevaban años de retraso, unas veces por la dejadez de responsables del ayuntamiento, otras por ser conflictos enquistados; y otras, las más, por la falta de recursos en la administración pública para hacer frente a los costes. Todo se ha acelerado para que el alcalde llegara con los deberes hechos a la campaña. Para que no haya ni rastro de las protestas que en cada acto electoral perseguían a PSOE e IU sobre todo durante el último mandato de Monteseirín.
Combinar el papel institucional con el de político candidato tiene un riesgo. Y un precio. Primero, por la incoherencia. Zoido, el máximo representante del municipalismo del PP, el símbolo del modelo de gobierno popular de Mariano Rajoy, vuelve a esquivar todos los planteamientos que se realizan desde el Gobierno central. El mismo partido que se va a enfrentar a una huelga general por una excesiva reforma laboral que abarata el despido, rebaja el peso de los convenios e introduce nuevas y cuestionables formas de contratación; en la capital de Andalucía respetará al máximo los convenios de sus empresas; aumentará la plantilla de los servicios públicos; subirá sueldos e incluso cubrirá las vacantes.
El segundo precio es la factura económica. El mismo alcalde que lleva meses alertando de la situación de ruina de las arcas municipales por una innegable herencia negativa, ahora tiene recursos para afrontar compromisos con un coste elevado. Y el problema no son los acuerdos alcanzados, que han tardado incluso demasiado en aplicarse, sino cómo el regidor puede ahora exigir sacrificios a otros sectores de la plantilla; argumentar la necesidad de cerrar completamente el grifo a las subvenciones; o defender las causas del incumplimiento de las muchas y caras promesas electorales. Una de dos. O la situación no era tan mala y se han realizado recortes en la administración injustificados y que deben deshacerse; o por unas elecciones autonómicas se ha abierto una línea peligrosa y hasta temeraria en la Administración local.
No hace demasiado que Zoido forzó la presentación de un acuerdo con Ikea para reforzar su imagen ante el congreso nacional del PP. Días después, la empresa sueca salió prácticamente a desmentirle y a negar que los términos del pacto anunciado estuvieran cerrados. Ahora, a las puertas de unas elecciones, se han anunciado varios acuerdos. Se pondrán a prueba el 26 de marzo.
