Un jurado decidió ayer por unanimidad que el alcalde y dos concejales del Ayuntamiento de Camas se compincharon con un empresario para intentar comprar el voto de otra edil y que apoyase varios proyectos urbanísticos en el pleno municipal. Fue en el año 2005, en pleno boom urbanístico. El tribunal popular, formado por nueve mujeres, consideró culpables de un delito de cohecho al exalcalde Agustín Pavón (IU), a los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) y al empresario Eusebio Gaviño por haber intentado sobornar a la entonces edil Carmen Lobo para que apoyase varias decisiones urbanísticas.
El juez tendrá que dictar ahora una sentencia basada en ese veredicto de culpabilidad, para la que el fiscal ha mantenido una petición de 18 meses de cárcel y el pago de 24.000 euros de multa para cada uno de los acusados.
Por su parte, los acusados han reclamado que se les imponga la condena más baja que pueda aplicarse por el delito de cohecho, recogido en el artículo 423 del Código Penal. La defensa de Del Castillo llegó a pedir que se aplicase la atenuante de dilación indebida porque el caso ha tardado siete años en juzgarse, ganándose la reprimenda del juez, que aunque le dijo que lo tendrá en cuenta y lo razonará en la sentencia, le recordó que nadie había pedido la atenuante en los informes leídos al tribunal cuando concluyó la vista oral y el jurado se encerró a deliberar.
Nada más salir de la sala de vistas, los cuatro acusados anunciaron que recurrirán el fallo judicial. Pavón lamentó que el jurado hubiese creído el testimonio de "dos delincuentes", en alusión a los denunciantes -Lobo y su entonces pareja, Francisco Gordo-, y el empresario Gaviño tachó de "injusto e inhumano" el veredicto, si bien antes, con su característica campechanía, lanzó unos besos al abogado de la acusación popular para "felicitarlo".
En una decisión hecha pública tras dos días de deliberación, el jurado consideró a los cuatro acusados culpables de intentar "comprar el voto" de la concejal para que apoyara proyectos urbanísticos, y dio por cierto que los tres políticos y el empresario se pusieron de acuerdo para hacerlo, se lo propusieron a la edil a través de su entonces pareja y Gaviño le entregó un sobre con 12.000 euros como anticipo de un soborno que según le prometieron incluía "grandes cantidades de dinero" y "un piso en la playa a poner (sic) no a su nombre sino al de alguien de su confianza".
Para alcanzar esa decisión, el jurado ha tenido en cuenta las grabaciones en las que se oye a los acusados hablar de la entrega del dinero en diversas reuniones, como la de Gaviño y Lobo en un bar del polígono industrial El Manchón; y otras en casa de Gaviño y en otro bar de Sevilla, donde finalmente se entregó el dinero. En ellas, recuerda el jurado, se escucha que el empresario "dijo que el Ayuntamiento estaba en sus manos"; y frases como "vamos a llevar el control, somos empresarios y nos van a apoyar en todo".
El tribunal popular también ha considerado creíbles los testimonios de los denunciantes y de los policías que, avisados por Lobo y su expareja, vigilaron la entrega del sobre de dinero: fue en otra reunión, en la calle Torneo, en la que Gaviño le entregó a la exconcejal Lobo 12.000 euros en billetes de 500 euros, a modo de anticipo, metidos en un sobre.
Los acusados siempre han defendido que se trató de negociaciones legítimas para desbloquear la situación del Ayuntamiento, que tenía un gobierno en minoría que resultaba inoperante, y que todo fue una "trama-trampa" de los denunciantes Lobo y Gordo, que mantenían una fuerte enemistad con Pavón y a quienes el exalcalde calificó ayer de "delincuentes con un historial delictivo amplio" que "incurrieron en numerosas contradicciones y falsedades" durante sus declaraciones en el juicio.
El jurado, en cambio, considera creíble el testimonio de ambos, al margen de la motivación que tuvieran para sacar el caso a la luz, como corroboraron los agentes que realizaron la investigación, que certificaron que desde el principio consideraron que el intento de compra del voto era real y no una trampa.
El veredicto da por cierto que Lobo fue expulsada de IU al ser condenada por estafa, enfrentándose al alcalde y quedando como concejal no adscrita. El Gobierno local quedó en minoría, lo que supuso un bloqueo que los tres políticos y el empresario trataron de superar comprando su voto a cambio de "contraprestaciones económicas". Sin embargo, Lobo y Gordo lo denunciaron ante la Policía, que los animó a seguir reuniéndose para grabar las conversaciones. Al final, Lobo no votó a favor de los acuerdos urbanísticos en el pleno municipal.
El jurado también se mostró por unanimidad contrario a que los acusados sean indultados, aunque sí respaldó que se les suspenda la pena de prisión si se dan las condiciones necesarias.
