Julián Muñoz y Juan Antonio Roca. / E.P.
El tribunal encargado de enjuiciar el caso "Malaya" contra la corrupción ha condenado hoy a once años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y "cerebro" de la trama, Juan Antonio Roca, y ha absuelto a casi la mitad de los 95 procesados. Roca, que se enfrentaba a 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros, "ejerció como alcalde de hecho durante años", mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes", según la sentencia hecha pública hoy, que consta de 5.774 folios.
El tribunal ha condenado al "jefe de la organización" por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto. Las licencias urbanísticas se decidían en reuniones entre Roca y los "cabezas" del gobierno municipal tripartito presidido por la alcaldesa Marisol Yagüe, "a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".
Marisol Yagüe, a la salida de la Audiencia de Málaga. / EFE
A la exalcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 se le ha impuesto una pena de 6 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, también inferior a los 16 años que solicitaba la Fiscalía.
Tras una moción de censura, Yagüe sucedió en el puesto a Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003.
Muñoz, que se encuentra en prisión por otra causa judicial, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación, frente a los 10 años propuestos por el ministerio público.
La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003, ha sido condenada a cuatro años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, lo que supone un tercio de la pena solicitada por el fiscal.
También ha habido importantes rebajas de las penas para los principales empresarios procesados, algunos de los cuales han sido absueltos.
Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.
Al promotor granadino José Ávila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.
Por su parte, el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como "Sandokán", ha sido condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros, mientras que los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.
La sentencia también ha supuesto una sustancial rebaja de penas para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón -que afrontaban peticiones fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones-, que han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude.
Además, el Tribunal ha impuesto una pena de ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC José María González de Caldas por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por el ministerio público.
La Fiscalía Anticorrupción estudiará si recurre la sentencia tras estudiar y valorar todos los argumentos esgrimidos por el Tribunal, según ha asegurado a Efe el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Sí han anunciado su intención de recurrir la resolución judicial los principales procesados, entre ellos Juan Antonio Roca y Marisol Yagüe. Casi ocho años después de que comenzara la investigación policial que permitió desarticular la mayor trama de corrupción descubierta en un ayuntamiento español, se ha leído públicamente la sentencia de este procedimiento, que ha durado 48 minutos.
