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Los acusados en el dictamen ERE cargan contra la comisión por eximir a sus jefes

El exdirector general Francisco Javier Guerrero, principal imputado, se suma al interventor y tilda las conclusiones de “desfachatez” por dejar fuera a los responsables políticos

el 24 nov 2012 / 20:40 h.

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El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. / El correo

Los cargos intermedios de la Junta que aparecen en el dictamen definitivo de los ERE como principales responsables del fraude de ayudas públicas se han rebelado contra sus jefes, los responsables políticos, que han sido eximidos de toda culpa en el informe de conclusiones. A las críticas durísimas que el viernes dirigió el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, contra el dictamen que le reprocha no haber alertado del delito, se sumó ayer el exdirector general de Trabajo y principal imputado en el juicio, Francisco Javier Guerrero. El primero calificó el informe de "vergonzoso", y el segundo lo tildó de "desfachatez".

Guerrero remitió ayer una carta a los medios, a través de su abogado, donde rechaza el dictamen de la comisión de investigación, que le atribuye la "responsabilidad política directa" en la supuesta trama de ayudas irregulares. El exdirector general de Trabajo se queja de que la comisión, después de seis meses, haya llegado a la conclusión de que "quienes diseñan y fiscalizan son los buenos, y el gestor, el malo". "¿No son arbitrarias las conclusiones? ¿No es una desfachatez anteponer intereses partidistas a los de los ciudadanos?", se pregunta al final del comunicado, que concluye con una mofa cínica hacia el dictamen, por concluir que "todo el poder ejecutivo de la Junta de Andalucía se encontraba en manos de un director general".

Francisco Javier Guerrero era quien, desde la Consejería de Empleo, pasó casi diez años autorizando las ayudas a parados y empresas en crisis que ahora están sometidas a investigación judicial. La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso, le tiene por el epicentro de la trama que pudo haber defraudado cerca de 1.200 millones de euros. Ha pasado ocho meses en la cárcel y está imputado por malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros delitos. En la carta que envió ayer se muestra "sorprendido" por las "conclusiones arbitrarias" de la comisión ERE. Guerrero coincide en sus críticas al dictamen con el exinterventor, pero también con el PP y con IU.

Ambos partidos creen que el resultado final del informe es una pantomima, porque limita la autoría de un fraude millonario que se prolongó durante diez años exclusivamente a dos nombres. Los populares dirigen la responsabilidad máxima de la trama hacia Griñán y su antecesor, Manuel Chaves. IU apunta a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández como "los "muñidores del convenio" que desencadenó las ayudas irregulares. Todos aquí, acusados y acusadores, coinciden en que sin una directriz política de alto nivel y sin una cierta omisión del deber de fiscalizar el dinero público (el interventor elevó 15 informes advirtiendo de que el procedimiento para conceder ayudas era "arbitrario y discrecional") el fraude no se habría producido o, al menos, no se habría prolongado durante diez años.

El PSOE es el único grupo conforme con el dictamen, que considera a Guerrero responsable directo, y a Muñoz, responsable indirecto. El dictamen se someterá a votación el próximo jueves, en el Pleno, pero es muy probable que no salga adelante, si finalmente el grupo parlamentario de IU decide votar en contra.

Careo con Griñán. A raíz de las críticas del exinterventor contra el dictamen, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, aprovechó ayer para pedir un careo entre éste y Griñán para que el presidente "explique hasta qué punto ha estado implicado" en el caso ERE. después de que "el exinterventor haya señalado directamente a Griñán". Gómez habló en su escrito del "caso de corrupción más importante de España" y Zoido le preguntó al jefe del Ejecutivo andaluz "si no se da por aludido". La consejera de Presidencia, Susana Díaz, calificó de "intolerables las descalificaciones" de Gómez hacia miembros del Gobierno y los diputados de la comisión ERE y anunció posibles "acciones legales que vayan en restitución del honor". Díaz recordó que en su comparecencia en el Parlamento, el exinterventor reconoció que "nunca detectó menoscabo en las cuentas públicas".

IU prevé vetar las conclusiones y salvar las recomendaciones

La ejecutiva regional de IU se reunirá mañana para debatir qué papel debe jugar su grupo parlamentario en la votación del dictamen definitivo de la comisión de investigación de los ERE. Según varias fuentes de la dirección política de IU, la mayoría de miembros aboga por rechazar el dictamen en su totalidad, salvando los artículos de recomendaciones, que abogan por una mayor vigilancia de las subvenciones públicas y una regulación de las comisiones de investigación en el Parlamento.

Las conclusiones quedarían vetadas, porque el PP también votará en contra del informe, y así la primera comisión de investigación en 17 años se cerraría en falso, sin un dictamen final, únicamente con las versiones dispares de los tres grupos. El texto que se aprobó el jueves era una propuesta del presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que apuntaba a dos exconsejeros de Empleo (Viera y Fernández) como los autores intelectuales del fraude. Viera aparece indirectamente en los autos de la jueza Alaya, pero no está imputado (su condición de aforado, como diputado nacional, le protege). Fernández está acusado de seis delitos y ha pasado varios meses en prisión. De los 196 artículos de la propuesta de dictamen de IU, socialistas y populares han eliminado, bien por rechazo o bien por abstención, hasta 68. El PSOE porque pensaba que se apuntaba demasiado alto en las responsabilidades políticas, el PP porque se apuntaba demasiado bajo.

El coordinador regional de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, endureció ayer su discurso y tachó de “esperpéntico” el que PSOE y PP “hayan unido sus votos para cargarse un dictamen de servicio a la sociedad andaluza”. Valderas anunció que su grupo defenderá la propuesta íntegra del dictamen de Ignacio García. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, reiteró que sus diputados no apoyan “el papel mojado” de un dictamen “mutilado” que pone a la ciudadanía contra los políticos, pero aseguró que no provocará un conflicto en la coalición de gobierno con el PSOE.

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