Los tres administradores concursales encargados de elaborar el informe sobre la situación de Contsa para el Juzgado Mercantil de Sevilla, que tramita la suspensión de pago de la entidad inmobiliaria, ratificaron el viernes ante la juez del Juzgado de Instrucción número 17, que investiga la causa penal contra el presidente de Contsa, José Salas Buzón, dicho documento en todos sus extremos.
Los administradores explicaron a la juez que la empresa poseía una deuda de 86 millones de euros y que la misma tenía una estructura piramidal "imposible" de sostenerse con su escaso volumen de ingresos, si "no era con la captación de capitales", además de confirmar las prácticas ilegales de la inmobiliaria, que denuncian en su informe.
Según los tres peritos judiciales, existían 6.316 facturas presuntamente falsas por un supuesto "estudio de expedientes sobre propiedades en subasta pública". Todas ellas aparecen como cobradas por caja en la contabilidad de la entidad, sin embargo, los afectados aseguran "no haber pedido ni pagado", según explicaron a los periodistas los abogados de los denunciantes.
Pese a que los administradores estuvieron más tres de horas declarando, no fue posible concluir, ya que la juez tuvo que atender una causa con preso urgente que tramita su juzgado. Ante la imposibilidad de continuar el juzgado volvió a citar a los tres peritos para el próximo viernes 14 de noviembre a las 9.30 horas. Para ese día estaba prevista la declaración de la mujer de Salas, que se encuentra en prisión desde el 3 de octubre por tres delitos societarios, que ahora se ha vuelto a aplazar hasta el 21 de noviembre.
María del Carmen B.D., que intentó suicidarse hace una semana, justo un día antes de tener que declarar en el juzgado, ya se encuentra en casa recuperándose, según su defensa, con lo que en principio no debería tener problema para acudir a declarar.
