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Los afectados por el impago de los ERE cobrarán la próxima semana

el 13 may 2011 / 18:48 h.

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Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía y la Consejería de Empleo han llegado a un acuerdo para desbloquear los pagos a los prejubilados de las pólizas contempladas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), de manera que éstos se comenzarán a hacer efectivos la próxima semana.

Los sindicatos han mantenido una reunión este viernes con el consejero de Empleo, Manuel Recio, después de que el pasado miércoles llevarán a cabo una concentración en las puertas de la Consejería exigiendo el pago de sus pensiones "después de varios meses sin cobrarlas", un período que oscila entre el mes o los cinco meses de impagos.

De esta forma, actualmente hay 6.000 trabajadores de 68 empresas afectados por ERE en vigor o 'vivos', aunque se han visto directamente afectados por los impagos unas 4.000 personas.

Tras dicha reunión para informar de las conversaciones con las aseguradoras, el consejero de Empleo ha destacado que la Junta "ha trabajado de forma intensa" para que "a partir de la próxima semana todas estas personas van a tener la plena garantía de que recibirán de forma regular sus pólizas de prejubilación mensuales, en la misma cuantía que debían recibirlo, y todos los atrasos que pudieran haber sufrido", algo que esperan culminar "cuanto antes mejor, mi deseo es el lunes mejor que el martes, o el martes antes que el miércoles".

El consejero ha reconocido que las situaciones "eran muy diversas al tratarse de un colectivo muy amplio, por lo que es muy difícil cuantificar la cantidad total adeudada".

Recio ha destacado que "se han dado dos elementos de seguridad, de forma que cada beneficiario sabe exactamente lo que cobra y a partir de la semana próxima volverá a cobrar exactamente lo mismo y con regularidad mensual; a partir de la próxima semana todo se va a cobrar".

Sobre el procedimiento acordado con las aseguradoras, el consejero ha indicado que en el caso de la aseguradora belga Apra Leven, que está en situación de quiebra, hará falta trasladar esas pólizas a otras compañías de seguro para que cobren a partir de esas nuevas compañías, mientras que en el resto de casos los beneficiarios de esas prejubilaciones "no van a notar nada, excepto que en su cuenta corriente va a tener todo lo que le corresponde y lo adeudado".

De esta forma, se arbitra un expediente de gastos específico para cada una de las pólizas que existen "lo que da una garantía administrativa a ambas partes, a los beneficiarios de las pólizas y a las compañía aseguradoras, que verán que tienen todos los procedimientos y garantías con carácter anual y también plurianual; ofrecemos la máxima garantía desde el punto de vista administrativo y jurídico y las compañías tendrán el procedimiento adecuado y serán conscientes de que no dará ningún problema".

Asimismo, ha precisado que en este proceso "han participado todas las consejerías que tenían algún tipo de involucración y todas han diseñado el mejor sistema posible".

El consejero ha explicado que el dinero que se le pagará a los prejubilados sale de los Presupuestos de la Junta, se le abona a las aseguradoras y éstas pagan las pólizas a los prejubilados y ha añadido que se han negociado los calendarios de pagos con las aseguradoras "para pagar en tiempo y con garantías" a los prejubilados y para que la Junta pague a las aseguradoras "como cualquier otro proveedor de la Junta".

"Hay garantías perfectamente establecidas y con criterios concretos y eso les da seguridad para salir adelante, pues lasa aseguradoras quieren saber que no existen problemas desde el punto de vista jurídico", ha agregado Recio.

PROCESO "COMPLEJO"

El consejero ha indicado que el proceso "ha sido complejo desde el punto de vista administrativo, porque había que discernir y depurar quien era presunto 'intruso' y quien no, dentro de los expedientes", de forma que "una vez establecido el proceso de investigación interna y averiguado quiénes eran esos presuntos intrusos, "eras posible dar el siguiente paso, que era fijar garantías administrativas y jurídicas para que el resto de personas cobraran".

De esta forma, todos los prejubilados cobrarán las cantidades adeudadas, excepto los presuntos 'intrusos', para los que se abrirá un procedimiento en el que tendrán "la oportunidad de aclarar en la Consejería su situación, justificar y aportar pruebas necesarias", de forma que si demuestra que todo es correcto "se volverá a introducir en los pagos su póliza correspondiente", mientras que si no lo demuestra "no volverá a recibir ningún dinero de esas pólizas y además se le solicitará el reintegro y devolución de las cantidades abonadas y que haya podido ser indebidamente cobrado". Recio ha recordado que actualmente hay 72 presuntos 'intrusos' y 111 presentan supuestamente discrepancias administrativas.

"NO CRIMINALIZAR A LA JUNTA"

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha destacado que este problema "está solucionado para todos los trabajadores excepto los que tengan presunción de irregularidad en los distintos ERE y excepto a los que la investigación les mantiene algún tipo de reparos sobre su circunstancia".

Pastrana considera que los trámites administrativos "deben tener la suficiente agilidad cuando se tratan de problemas de esta índole para que no se tenga que llevar al límite a trabajadores y sus familiares", ha agregado Pastrana, quien ha advertido de que "si en cada uno de los procesos de conflicto hubiera habido que plantear un procedimiento administrativo tan complejo y farragoso como el que se emplea en este momento, muchas de las empresas que se han salvado hubiera sido imposible salvarlas".

Por ello, Pastrana exige que "en el ámbito de la legalidad se habilite procedimiento administrativo ágil y que no sea ese el mayor elemento para cerrar una empresa o dejar a miles de trabajadores desprotegidos de sus derechos y los coloque en situación límite".

Pastrana ha lamentado que los escándalos de las presuntas irregularidades en los ERE "ha tenido consecuencias desastrosas en materia de imagen para Andalucía", de forma que "se ha montado algo absolutamente desmedido y desaforado y no se basa tanto en presuntas irregularidades que se hayan cometido", por lo que considera que "es hora de que se midan las estrategias políticas y las acciones, para que no se pase por una criminalización de la Administración andaluza, que no sólo afecta al partido en el poder o al gobierno actual, sino a la propia imagen de Andalucía en el exterior".

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, considera el acuerdo "muy positivo" y también demanda una fórmula "que agilizará el pago de los atrasos y de los salarios mensuales, no solo en lo inmediato sino en el tiempo que dure la póliza".

A juicio de Carbonero, "es conveniente no estar generando la sospecha de todo lo que se haga en esta comunidad autónoma, pues se han resuelto en la Consejería de Empleo problemas de muchísimas empresas, de forma que si hay alguna irregularidad, se tendrá que actuar, peor no se puede situar bajo la sospecha toda la acción administrativa y política de una Consejería tan sensible como la de Empleo, porque eso significa obstaculizar las medidas para evitar la pérdida de calidad de vida o puede llevar a mucha gente a situaciones de desesperanza por no poder cobrar su salario".

Carbonero considera también "imprescindible" agilizar y "dar mucha más rapidez a los trámites administrativos para resolver estas cuestiones", de forma que "debe haber una sensibilidad especial, porque estamos jugando con la calidad de vida de mucha gente".

Asimismo, ha pedido a los partidos que "reflexionen y sin dejar de plantear sus cuestiones, no deben generar sospecha permanente sobre actuaciones de la Administración que afecta de forma tan sensible a tantos trabajadores, que al final pagan el pato de algarabías permanentes".

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