Los afectados por la marea negra del fuel desprendido tras el hundimiento en noviembre de 2002 del petrolero Prestige reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, según el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz.
En una entrevista, García Ortiz indicó a Efe que aproximadamente más de 1.000 millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, comunidades autónomas y del Estado español; y más de 200 millones de euros de peticiones cursadas en Francia, aunque precisó que la suma total aún no está contabilizada.
La investigación del hundimiento del buque el 13 de noviembre de 2002 a unas 200 millas de la costa gallega se encuentra en la "fase final de la instrucción", dijo el fiscal, quien señaló que está esperando los informes que elaboren los peritos.
Un ingeniero naval debe someter sus conclusiones sobre el "estado del barco" y documentar "cuándo y en qué cantidad se produjo el primer vertido" de fuel, comentó el fiscal. Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar en términos de navegación "qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco" de la costa gallega y "qué riesgos podrían haber tenido otras" opciones, y, por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, señaló.
