Así lo ha indicado a Europa Press el letrado de los afectados, Fernando Osuna, que ha subrayado que la acción se dirige contra el Ayuntamiento de Ecija, por silencio administrativo --es la única entidad que no ha contestado a la reclamación interpuesta en su día--, así como contra la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Estas dos últimas administraciones sí respondieron a la reclamación de los afectados, aunque en ambos casos eludieron asumir la responsabilidad: respecto al Estado, éste apunta a la Junta como competente, mientras que ésta recuerda que asumió la gestión de la cuenca en base a una normativa "nula". En ambos casos, la versión dejó insatisfechos a los demandantes.
La acción judicial también iba a interponerse contra la Agencia Andaluza del Agua, si bien, ha especificado Osuna, ello finalmente no se ha llevado a cabo, puesto que tras la nueva remodelación del gobierno autonómico este organismo ya no existe como entidad jurídica.
Los vecinos consideran que ha existido una mala gestión del problema por parte de las administraciones. En sus peticiones se hacen constar los daños psicológicos y morales --"hay gente que no duerme bien"--, así como el lucro cesante que supone vivir en inmuebles "depreciados" por el hecho de estar construidos sobre zonas susceptibles de inundación.
"El Consorcio de Compensación de Seguros no paga estas cantidades, con lo cual los afectados se quedarán sin cobrar, a no ser que reclamen a través de la plataforma que se ha creado", ha subrayado Osuna, que ha agregado que el hecho de que algunos afectados hayan cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros no obstaculiza para que puedan reclamar por la vía iniciada, es decir, que pueden cobrar además de lo que ya han recibido del Consorcio.
Osuna también representa los intereses de en torno a una decena de reclamantes de Lora del Río, por las mismas razones. En este caso, el año de prescripción se ha interrumpido con una reclamación, en un proceso que tendría su continuidad con más pruebas y el pago de los peritos.
