"En el campo se roba absolutamente de todo, y no es una afirmación a la ligera ni generalista. Así lo asegura el secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, quien señala que la mayoría de denuncias de los últimos tiempos apuntan a la sustracción de cableado, material eléctrico, aperos de cualquier tipo y hasta gasóleo. Lo último que están robando son tractores, con la complejidad que eso conlleva, añade el representante de la organización agraria, que además recuerda que el año pasado se robaron 40 cochinos en la Sierra Norte. A pesar de que la situación cada vez es peor, los agricultores sevillanos solo denuncian uno de cada diez robos que se llevan a cabo. Así, los 1.306 contabilizados en la provincia durante el pasado año podrían haber superado los 13.000.
Los agricultores se aburren a la hora de presentar la denuncia, a pesar de que les insistimos desde Asaja en que las pongan, pero el cierre de cuarteles y la dispersión en las zonas rurales hacen que muchos se echen atrás.
En cualquier caso, valora las dos iniciativas puestas en marcha en los últimos días por el Gobierno central, peticiones que las organizaciones agrarias como la suya llevan efectuando desde hace años ante el problemas de los robos. La primera de ellas, señala Martín, es la reforma del Código Penal aprobada el pasado 20 de septiembre en Consejo de Ministros. Era muy importante que hubiese un endurecimiento de las penas para este tipo de acciones, indica, así como referencias expresas en el documento. De este modo, destaca la desaparición de la falta y la conversión de ésta en delito, desde el primer euro de lo robado hasta el primero del daño causado. Esto es fundamental, porque si te quedas sin regar porque te han destrozado la caseta de riego, se puede perder parte de una cosecha, recalca.
La segunda iniciativa aplaudida desde Asaja es el plan de vigilancia en el campo impulsado por los Ministerio del Interior y de Agricultura a través del cual se desplegarán equipos de la Guardia Civil denominados ROCA especializados en robos en el campo, así como del escuadrón de caballería y agentes del Seprona. Somos conscientes de que hay mucho que cubrir y que los efectivos son los que son, pero hemos propuesto ideas en los últimos tiempos que por fin han sido escuchadas, subraya Martín.
En este sentido, recalca la necesidad de que esta plaga sea atajada de forma continuada, porque si solo se trabaja durante un periodo corto en la vigilancia al final vuelve a salir. En total, el Ministerio del Interior desplegará de forma inmediata a 275 agentes de la Guardia Civil que integrarán 55 equipos dedicados en exclusiva a la lucha contra los robos en el campo, y se centrarán en las 15 provincias españolas que concentran este tipo de delitos, un total de 15.234 en 2012. Sevilla se erige como la segunda donde más robos se llevaron a cabo en ese periodo. Tenemos el triste honor de ser medalla de plata, solo detrás de Valencia, añade.
En cualquier caso, reconoce que con esto no se evitará la totalidad de robos en el campo sevillano. Siempre han existido, existen y existirán, lo que sucede es que estaba llegando a unos niveles insostenibles. Como ejemplo, el secretario general de Asaja-Sevilla destaca que hace unos años era impensable robar una caseta de riego con un butrón. Ante esta situación, hace hincapié en que ha cambiado la forma de actuar, ya que ahora se hace de forma organizada, a lo que añade que antes podía haber robos por necesidad, pero ahora no, es abusivo.
Sintomático es que, si bien se siguen sustrayendo cultivos, como aceitunas, lo que se ha multiplicado es el robo de aperos y de cables, que tienen mayor salida en el mercado por el aumento del precio del cobre. Sin embargo, los precios agrícolas están por los suelos, por lo que robarlos es mucho esfuerzo para poco beneficio, mientras que los otros artículo tienen salida en el mercado. De ahí que desde las organizaciones agrarias como Asaja se marcara como prioritaria la vigilancia de chatarrerías y establecimientos donde se sepa que hay salida de este tipo de materiales.
En muchos casos se sabe perfectamente quién está vendiendo material robado y de ello damos cuenta a la Guardia Civil y a la Policía, pero es difícil de atajar. A este respecto, el nuevo Código Penal establece que robar productos agrarios o sus medios de producción puede conllevar penas de uno a tres años de prisión, o de uno a cuatro cuando se utilizan armas o están implicadas asociaciones criminales. A ello se suman penas de inhabilitación de entre dos y cinco años para establecimientos que vendan material robado o, incluso, la clausura definitiva de la empresa.
Con estas iniciativas no se acaba con los robos totalmente, pero al menos se pone un poco de orden a la situación, porque esto era el oeste; se llevaban a cabo sustracciones a plena luz del día y sin que se pudiera hacer nada, sentencia.
