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Los alcaldes apoyan en masa el decreto de parques naturales

Las juntas rectoras aceptan un texto que amplifica el poder de los consistorios.

el 22 may 2010 / 19:31 h.

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Unos visitantes pasean por el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El polémico decreto de parques naturales que la Junta presentó el pasado verano ya tiene el visto bueno de las juntas rectoras de los espacios andaluces. 22 de las 24 corporaciones han votado a favor y quedan las inminentes reuniones de la Sierra Norte sevillana y de Aracena (Huelva), donde también se ha aceptado ya el documento y resta la votación formal. En junio se acabarán de revisar las alegaciones presentadas por colectivos y particulares y en el segundo semestre de este año el decreto será aprobado por el Gobierno andaluz.


Así cristalizará un documento que regula los usos y actividades en estos espacios y que, sobre todo, deja en manos de los ayuntamientos las autorizaciones de obras en parques naturales, una medida que ha dividido a los consistorios, ya que unos lo querían porque agilizará los trámites y restará burocracia en pequeñas obras domésticas o de explotaciones agrarias y ganaderas, mientras otros lo denostaban porque sobrecarga de competencias y de trabajo a los ayuntamientos, ya de por sí desbordados.


También demonizan el decreto los preservacionistas (Ecologistas en Acción, sobre todo), que temen que el mayor poder de un alcalde acabe por mermar la protección del entorno en favor de los beneficios urbanísticos. A ese aviso se ha sumado incluso el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ha recomendado a la Junta que sea celosa y que, en su búsqueda de la simplificación y la agilización de la burocracia, "no elimine el trámite de establecer controles y garantías previas" en suelo protegido, más aún teniendo en cuenta las "importantes presiones" que se ejercen en los municipios en el plano urbanístico.


Este punto, el de las autorizaciones, el más controvertido del decreto, se mantendrá intacto, así como el "espíritu" de la norma, ya que las enmiendas presentadas hasta ahora no alteran el contenido. "Se quedará prácticamente idéntico, se ha informado favorablemente del decreto y, salvo sorpresa con alguna enmienda, se van a introducir únicamente matices de redacción, que no implican modificaciones sustanciales", explica la directora general de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales, Rocío Espinosa. A su juicio, el decreto es "absolutamente garantista" y la protección ambiental "está asegurada, aunque se cambie el régimen de autorizaciones".


Lo que establece el articulado es que "las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características constructivas contenidas en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los distintos parques naturales, no serán de aplicación en aquellos municipios en los que los planes urbanísticos municipales hubiesen sido sometidos en su tramitación a evaluación ambiental y aprobados definitivamente con posterioridad a la entrada en vigor de los citados instrumentos de planificación ambiental". Lo que dice la Junta es que, como los Planes de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios deben hacerse cumpliendo los PORN y los PRUG, aunque se aplique la ordenación local de forma prioritaria estará salvaguardado el espacio protegido, "porque sin ese respeto no habría PGOU, los planes urbanos ya están sometidos a los planes rectores de cada parque". Espinosa insiste en que "no se pone en peligro" la protección del entorno, pues se garantiza "la rigurosa inspección de la Junta" para evitar desmanes.


menos burocracia. La directora insiste en que el decreto se ha hecho para "simplificar" criterios "sin perder de vista" que "lo prioritario es el cuidado del territorio y su singularidad". "Lo segun- do ya lo tenemos, lo garantizamos desde hace más de 20 años, desde que se aprobó la Ley de Espacios Naturales. Lo que no se podía sostener más es la multiplicación de procedimientos que se dilataban innecesariamente en el tiempo, de lo que se quejaban muchos alcaldes", defiende.


Según datos de la consejería que comanda José Juan Díaz Trillo, se pasará de emitir las 789 autorizaciones actuales a unas 126, un 85% menos. Esto quiere decir que si hasta ahora cada trámite tardaba entre dos meses y dos años en tener respuesta, ahora el decreto se compromete a que, "aunque sea de forma inicial", haya una respuesta por vía telemática en 72 horas. Además, sostienen que, con o sin beneplácito municipal, este cambio "había que aplicarlo", porque la directiva europea de servicios obliga a recortar el papeleo.

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