Los alcaldes dieron ayer su apoyo al anteproyecto de ley de vivienda en la reunión del Consejo de Concertación Local. Todos los partidos respaldaron el texto menos el representante del PP, que se abstuvo. Su partido había ordenado votar en contra, pero el alcalde popular de Bornos alegó que ignoraba lo que se debatía.
El Consejo de Concertación Local -máximo órgano de interlocución entre la Junta y los 770 municipios andaluces- se reunió ayer con un objetivo: pronunciarse acerca del anteproyecto de ley del derecho a la vivienda que el Gobierno andaluz quiere llevar al Parlamento en febrero. Aunque la Consejería de Vivienda y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ya habían mantenido conversaciones para consensuar el texto, la de ayer fue la primera cita oficial, en la que se escenificó el visto bueno de los alcaldes a la norma.
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, acudió al encuentro para explicar los detalles del anteproyecto y para tranquilizar a los regidores. A ellos les aseguró, según fuentes de este departamento, que la financiación de la ley está "completamente garantizada" y que los alcaldes no tendrán que pagar ni un solo euro para afrontar lo que la norma les exige, esto es, la creación de registros de demandantes y la elaboración de los planes municipales de vivienda. Estos gastos correrán a cargo de la administración autonómica.
El dinero para poner en marcha la ley es la gran preocupación de los ayuntamientos. Cuando se hizo público el anteproyecto, el propio presidente de la FAMP, Francisco Toscano, dejó claro que los municipios no podrían soportar ningún coste. A un argumento parecido se agarra el PP para repudiar una de las normas estrella de esta legislatura. El secretario general de los populares, Antonio Sanz, criticó que le presidente andaluz, Manuel Chaves, "descarga una de sus promesas electorales sobre los ayuntamientos", que no tienen recursos. Además consideró "ilegal" la ley porque "desvía" la responsabilidad jurídica a los consistorios -los ciudadanos podrán demandarlos si no ofertan suficiente VPO-.
Sanz anunció que todos los dirigentes del PP "sin excepción" rechazarán el documento de forma "unánime". Pero, a la misma hora que él daba la rueda de prensa, el representante de los populares en el Consejo de Concertación Local se abstuvo en la votación del anteproyecto. En el órgano, el PP tiene dos miembros permanentes: el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la de Marbella, Ángeles Muñoz. Los dos se ausentaron de la reunión porque estaban en el extranjero con asuntos de sus respectivos ayuntamientos.
Les sustituyó el alcalde de Bornos (Cádiz), Fernando García, que actuó en contra del mandato de su formación. García alegó que desconocía el contenido de lo que se debatía. Ese borrador de la ley incluía algunas de las propuestas que planteaba la FAMP. Por la tarde, en un comunicado, el regidor aclaró que su posición coincide con la del partido y que necesitaba tiempo para analizar con su formación la esencia del nuevo texto.
Consenso. Toscano destacó el "consenso generalizado" de los municipios a la hora de respaldar una ley que, dijo, "consolida la autonomía de los ayuntamientos y refuerza nuestras competencias en materia de vivienda". La Consejería ha incorporado a la norma demandas de los alcaldes, como exigir estar empadronado tres años para tener derecho a una VPO -antes no hacía falta antigüedad- y que la Junta cuente con los alcaldes en el diseño de los planes autonómicos de vivienda. El Gobierno deberá justificar las reservas de suelo para VPO y asumir los equipamientos, y los consistorios podrán participar en la gestión de las áreas de rehabilitación que se pongan en marcha.
