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Los alcaldes del PP libran su guerra con la Junta desde el urbanismo

El urbanismo es la parcela principal de enfrentamiento entre los alcaldes populares de las capitales y la Junta. Conflictos como el de las viviendas ilegales de Marbella o Isla Chica en Huelva ya están resueltos. En Málaga, hay guerra abierta por el Arraijanal. La consejería plantea un pulmón verde para la ciudad pero el ayuntamiento quiere pisos.

el 16 sep 2009 / 08:40 h.

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El urbanismo es la parcela principal de enfrentamiento entre los alcaldes populares de las capitales y la Junta. Conflictos como el de las viviendas ilegales de Marbella o Isla Chica en Huelva ya están resueltos. En Málaga, hay guerra abierta por el Arraijanal. La consejería plantea un pulmón verde para la ciudad pero el ayuntamiento quiere pisos.

¿Hasta dónde llega la autonomía municipal con el urbanismo? La respuesta será diferente en función del color político de las administraciones. Los alcaldes del PP que gobiernan las capitales no ven con buenos ojos lo que en su opinión es una "intromisión" de la Junta en sus competencias. El Gobierno andaluz tiene la última palabra en la ordenación del territorio y eso está provocando numerosos conflictos con consistorios populares. Estos son los principales enfrentamientos.

Málaga. La Junta suspendió el plan general del ayuntamiento que gobierna Francisco de la Torre (PP) por una declaración de impacto ambiental que prohibía, entre otras cosas, construir por encima de la ronda de Málaga y en el Arraijanal, una parcela de 55 hectáreas que supone el único espacio de la costa malagueña que no ha engullido el ladrillo. En esos terrenos la Consejería de Vivienda plantea junto a la playa un gran parque metropolitano al estilo del Alamillo en Sevilla, pero el consistorio firmó un convenio -que aparece en el PGOU- para levantar ahí cientos de pisos y hoteles. El ayuntamiento, aunque esté en pie de guerra, tiene las de perder porque el plan de ordenación de la aglomeración urbana de Málaga, aprobado en julio, ya contempla el parque, que tendrá un enorme valor arqueológico y botánico. Ahora la Junta negocia con las empresas -el suelo es privado, el 65% pertenece a Vallehermoso- para comprar los terrenos, expropiarlos o compensar a las constructoras de otra forma.

Granada. Teniendo en cuenta que no hay otra pelea similar a la que mantiene el Gobierno andaluz con el ayuntamiento de Málaga, en Granada las discrepancias giran en torno al diseño del parque de la Vega Sur. Se trata de cinco millones de metros cuadrados entre Granada, Huétor Vega, Cájar, Ogíjares y La Zubia. Ahí la Junta plantea el Parque del Milenio para blindar al ladrillo todo el suelo rústico que queda libre en la zona sur, por donde el consistorio de la capital, gobernado por José Torres Hurtado (PP), propone la ampliación del Campus de la Salud y de la Universidad. Se repite el choque de intereses: la consejería busca salvaguardar un pulmón verde y el alcalde quiere el suelo para construir. Las dos administraciones están en negociaciones.

Huelva. El mayor conflicto entre el ayuntamiento y el Gobierno se resolvió en los tribunales. El juez dio la razón al equipo de Pedro Rodríguez (PP) para que siguiera adelante con el proyecto de Isla Chica, cinco hectáreas estratégicas de la ciudad donde irán un centro comercial, un hotel, 36 viviendas, un centro de salud y un edificio sociocultural. La Junta pedía que se incluyera más VPO y, tras el rifirrafe, se llegó a un acuerdo.

Marbella. El desencuentro entre el gobierno de la popular Ángeles Muñoz con la Junta a cuenta de la regularización de 500 viviendas ilegales -incluidos los 300 apartamentos del Banana Beach- estuvo a punto de arruinar un PGOU que llevaba casi un lustro negociándose. La consejería amenazó con devolver a Marbella al limbo urbanístico y la alcaldesa aceptó finalmente dejar fuera de la ley esas promociones.

Con Cádiz, las fricciones son puntuales, pero ahora no hay ninguna gran obra que desate el conflicto. La Junta está invirtiendo 200 millones para rehabilitar el casco histórico. En Jaén no hay pugnas con la alcaldesa socialista, Carmen Peñalver, y en Córdoba, Junta y ayuntamiento (IU-PSOE) colaboran en la ordenación territorial de Medina Azahara.

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