La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reclama a la Junta que la futura ley de autonomía local elimine todas las coletillas que incluye para preservar la tutela del Gobierno autonómico sobre determinadas competencias locales o bien para guardarse el Ejecutivo sus tareas de planificación o supervisión sobre determinadas políticas.
Las alegaciones a las leyes locales aprobadas por los alcaldes -un documento de 20 folios al que ha tenido acceso El Correo, aprobado por los alcaldes de PSOE, IU y PA y con el rechazo del PP- insisten en clarificar con más contundencia sus competencias propias y en incluir nuevas políticas exclusivas.
La ley de autonomía local será la primera del país en blindar un grupo de competencias municipales (29, aunque los alcaldes reclaman más).El urbanismo sigue siendo el gran campo de batalla. Los regidores exigen competencias exclusivas plenas en ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Por eso apuestan por que se elimine del articulado la coletilla: "de conformidad con los dispuesto en la legislación urbanística y sin perjuicio de las competencias de la comunidad". Quieren tener la última palabra en la aprobación del planeamiento urbanístico y exigen que se elimine en la ley que es necesario "informe previo de la Consejería competente".Además reclaman "la gestión de los terrenos públicos de titularidad autonómica cuando se trate de suelo urbanizable".
Son hasta 16 los artículos, dentro del capítulo competencial, en los que los alcaldes reclaman más claridad y que desaparezca ese papel de tutela o planificación del Gobierno.
El otro gran asunto es la educación. Los regidores exigen ganar potestades en esta materia e insisten en "cooperar en la planificación y gestión" de los centros públicos de sus términos, "participar en el proceso de matriculación" y hasta "poder establecer posibles titulaciones de formación profesional y universitaria en función de las características socioeconómicas del municipio". Estas competencias ya fueron reclamadas por los ayuntamientos en el informe previo, aprobado hace ahora un año, a las leyes locales, aunque la Junta no atendió sus demandas. Los regidores vuelven a la carga y confían en que se introduzcan en el trámite del Parlamento.
La FAMP pide también la creación de un Consejo de Gobiernos Locales. Un nuevo órgano constituido exclusivamente por alcaldes (serían unos 15), sin presencia de la Junta, y que ejercería "un control preventivo" de los planes o leyes autonómicas que afecten a los consistorios. No exigen que los informes de este órgano sean vinculantes, pero sí que la Junta tenga que "dar una motivación expresa y detallada", por ejemplo ante el Parlamento, de por qué rechaza las observaciones o reparos de los alcaldes.
Atendiendo una petición del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), la FAMP abre la puerta a que la ley detalle qué competencias de la Junta podrían transferirse a los ayuntamientos que quieran por ley o decreto: la rehabilitación de viviendas, las políticas activas de empleo, la gestión de instalaciones deportivas y culturales o el primer ciclo de educación infantil.
