La decisión del alcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Suárez (PSOE), de recurrir ante los tribunales la retención de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrían tomarla otros regidores a los que también se les ha rechazado su plan de ajuste, imprescindible para poder acogerse al decreto de pago a proveedores. Por el momento no han dado ningún paso al frente, pero no descartan esta vía. La mayoría está esperando a que el Gobierno rectifique y conceda una moratoria para corregir los posibles errores que tengan los documentos que presentaron al Gobierno central.
La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), indicó que está estudiando qué hacer si Hacienda le retiene el 50% de la participación estatal y no le permite corregir su plan de ajuste, porque entiende que a los ayuntamientos se les está discriminando. Comentó que hay base para ir a la Justicia si el Ejecutivo retiene los ingresos, pero insistió en que está esperando una notificación oficial del Gobierno y así actuar en consecuencia, "porque espero que nos den una moratoria".
Su compañero de partido, el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos, reconoció que está barajando la posibilidad de acudir a los tribunales: "He consultado con los servicios jurídicos municipales para ver si es viable y factible recurrir la retención", sentenció. Al igual que la alcaldesa de Osuna, se quejó de que no tiene notificación oficial de qué se hará a los ayuntamientos a los que se les han tumbado los planes de ajuste y censuró el trato que están recibiendo los consistorios: "Estamos abandonados, somos el eslabón más débil y nos han dejado tirados, en la estacada". Asimismo, mostró su disconformidad con el trato tan diferente que se ha dado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, a las que sí se les ha concedido una moratoria para rectificar los planes de ajuste, y recordó que el problema es que a los consistorios cada vez se les han adjudicado más competencias y prestan más servicios, "pero no se ha dado una solución a la financiación".
El regidor de El Coronil, el también socialista Jerónimo Guerrerero, fue mucho más beligerante al indicar que si finalmente le retienen el 50% de la PIE pedirá a todos los alcaldes del PSOE en su misma situación ir con los trabajadores al Ministerio de Hacienda para pedir explicaciones "por este trato denigrante". Guerrero indicó que si el rumor de la retención se confirma los empleados municipales tendrán problemas para cobrar las nóminas. Asimismo, insistió en que no ha recibido ninguna notificación del Ejecutivo y que de forma extraoficial le han informado de que se va a abrir un periodo para subsanar los errores de los planes de ajuste como ha ocurrido con las comunidades autónomas. De no ser así, aseguró que recurrirá a la justicia.
Por su parte, el alcalde de Almensilla, José Carlos López (IU), señaló que él no tiene medios para pagar a un bufete de abogados para ir a los tribunales, "tendré que pedir auxilio a la Diputación". Al igual que todos se quejó de la falta de información y de la improvisación del PP.
El único alcalde popular en Sevilla al que le han suspendido el plan de ajuste, José Vidal de Almadén de la Plata, rechazó tajantemente acudir a la Justicia "porque es una pérdida de tiempo, una tontería". Señaló que espera que haya una repesca, tal y como se contempla en el proyecto de Ley de Presupuestos, y propuso a todos los regidores, sean del partido que sean, hacer un escrito común para solicitar al Ministerio de Hacienda que les dé otra oportunidad y les explique dónde han fallado para así poder subsanar los errores de sus planes de ajuste.
En la provincia de Sevilla el Gobierno ha tumbado los proyectos de Valencina de la Concepción, Olivares, Osuna, Almensilla, El Coronil, Almadén de la Plata y Martín de la Jara. Coria del Río y Benacazón no los aprobaron.
