Tres días después de enfrentarse ferozmente en las urnas, PSOE, PP e IU se pusieron ayer de acuerdo para aprobar la modificación de cuatro leyes, un pacto que supone convertir el Parlamento andaluz en la cámara autonómica más participativa del país. En la misma sesión, sin embargo, se aprobó la incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde y presidente de diputación.
Esta medida se empezará a aplicar la próxima legislatura y obligará a los alcaldes que salgan elegidos en la lista de sus partidos tras las autonómicas a optar entre el Ayuntamiento o el Parlamento. En teoría se explica por la necesidad, en tiempos de crisis, de que los regidores se centren al 100% en sus municipios. Pero la decisión es polémica por su cercanía a las pasadas municipales, en la que el PSOE perdió poder en los pueblos y en las diputaciones, y porque, hoy por hoy, el PP es el único que cuenta con alcaldes en su bancada (17), más el regidor de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU).
El PSOE hizo uso de su mayoría absoluta para sacar adelante esta reforma de la ley electoral. IU, que la había apoyado en el dictamen previo (con la ausencia de Sánchez Gordillo) se abstuvo esta vez, y el PP anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. A este clima de discordia se une el enfrentamiento de las dos grandes formaciones por el control de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La asamblea donde se elegirá la nueva directiva está convocada para pasado mañana, pero el PP ha recurrido en los tribunales dicha reunión.
El Parlamento aprobó ayer cinco leyes, todas por la vía de urgencia. Las 28 propuestas de regeneración democrática habían sido pactadas previamente: 15 a propuesta del PSOE, 11 de IU y dos del PP. Las medidas que recibieron el respaldo unánime de todos los diputados abren la acción política a la sociedad, agilizan los trámites de participación ciudadana y proyectan transparencia sobre la función de los cargos políticos.
Entre ellas destaca el escaño 110, una propuesta inspirada en el movimiento 15-M que permite habilitar un sillón más en la Cámara y cedérselo a un portavoz de la ciudadanía, que podrá presentar propuestas legislativas en Pleno. En la misma línea apunta la reducción de 75.000 a 40.000 el número de firmas necesarias para presentar iniciativas populares (se acepta la firma electrónica para agilizar el proceso), y bajar de 35 a 25 el número de ayuntamientos para ejercer este mismo derecho.
Los tres partidos mantuvieron el acuerdo para eliminar los privilegios en las pensiones que reciben los expresidentes de la Junta al cumplir los 65 años, para que los 109 diputados hagan pública su declaración de la renta y para que los parlamentarios sólo perciban el sueldo de la Cámara y renuncien a cualquier otra retribución pública o privada (los que sean profesores universitarios a tiempo parcial son la excepción)Y hasta ahí la concordia.
En cuanto llegó la hora de aprobar la reforma de la ley electoral para hacer incompatible el cargo de diputado y alcalde, se desató la bronca entre populares y socialistas. De antemano, la portavoz del PP, Esperanza Oña, empezó diciendo que el resto de medidas de calidad democrática que acompañaban a ésta no eran más que "adornos colaterales que al PSOE no le interesan", y que sólo servían para ocultar su "obsesión" por "expulsar a los alcaldes del PP del Parlamento". El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Vázquez, respondió a Oña sacándole una proposición de ley del PP de 1995, en la que pedían la incompatibilidad. También le recordó que "si al final recurren lo que se apruebe aquí ante el Constitucional, tengan en cuenta la ley electoral de Galicia", que impide a los alcaldes presentarse al Parlamento.
Los socialistas aceptaron una enmienda transaccional a IU para ampliar la incompatibilidad a los presidentes de mancomunidades, no así al de senador, como pedía la formación que dirige Diego Valderas. El PSOE no tiene alcaldes en su bancada desde 1996 (lo prohiben sus estatutos), pero cuentan con dos diputados que acaban de ser elegidos para el Congreso, Felipe Sicilia (número tres por Jaén) y José Antonio Viera (número dos por Sevilla). Ambos seguirán en el Parlamento hasta que tomen posesión de su acta al Congreso.
Ante la reforma electoral, Valderas recordó que IU acababa de salir de unos comicios con 14 diputados menos de los que le hubiera correspondido con un sistema proporcional (25). "La reforma electoral es un clamor popular", dijo para denunciar que las modificaciones acordadas eran insuficientes. El PSOE no aceptó aprobar por ley las elecciones separadas, el límite de mandatos o la prohibición de las cesantías.
