Andalucía será la primera comunidad en legislar en materia local, pero las dos leyes que ha elaborado la Junta y que marcarán el futuro de los ayuntamientos no cuentan con el aval de los alcaldes. Los regidores de todos los partidos que se sientan en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) expresaron ayer su rechazo unánime a las normas que el Gobierno aprobó y envió a final de año al Parlamento porque, a su juicio, no recogen sus principales demandas.
Por la tarde, la FAMP mandó un comunicado en el que matizaba que no discrepan con la totalidad del contenido. Los alcaldes aplauden la filosofía pero echan en falta una mayor participación en los tributos de la Junta, más autonomía y menos tutela.
Este posicionamiento es muy significativo. El presidente de la FAMP, el regidor socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, no ha tenido reparos en señalar las carencias de la Ley de Autonomía Local y la de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la comunidad. Ayer advirtió, en declaraciones a este periódico, de que si la Cámara las aprueba tal cual se estará "cumpliendo un mandato estatutario, pero no se resolverá el problema de los ayuntamientos". Ese es, sobre todo, una asfixia económica acentuada ahora por la crisis. La financiación municipal y el reconocimiento de las competencias que asumen los consistorios son las piedras angulares de dos de las normas más importantes de la legislatura, que se aprobarán previsiblemente en el Parlamento a mitad de año.
Llevan dos décadas en el cajón y por fin verán la luz. Por eso los alcaldes de todas las siglas coincidieron ayer, en el comité ejecutivo de la FAMP en Antequera, en valorar que la Junta haya tomado la iniciativa y se haya atrevido a abordar estas leyes. Hasta el presidente de la federación española de municipios, Pedro Castro, ha animado al resto de comunidades a seguir el ejemplo de Andalucía. Cuando la Junta aprobó en diciembre las dos leyes, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, aseguró que el "100% de estos proyectos están redactados sobre la base" de las propuestas de la FAMP. Toscano opina, sin embargo, que se han obviado reivindicaciones "muy razonables" de los munícipes y que, sin ellas, las normas quedan "descafeinadas". En 2008 la FAMP aprobó por unanimidad un documento en el que reclamaban claridad en la definición de competencias. Si se compara con el contenido de las dos leyes queda claro que las expectativas de los alcaldes estaban por encima de lo que la Junta les reconoce en materia de urbanismo o educación.
Toscano detalló el porqué del "descontento" de los regidores. Sobre la ley de participación en los tributos, reclamó que empiece a aplicarse una vez que se apruebe en 2010 y que el fondo incondicionado -dinero que los ayuntamientos pueden gastar en lo que decidan-, que ascenderá a 600 millones en 2014, se adelante un año, es decir, que llegue en 2013. También quieren que cuando haya que actualizar ese fondo se tenga en cuenta el total de los tributos de la Junta y no sólo algunos impuestos. Ayer los alcaldes no discutieron sobre si los ayuntamientos deben participar en los tributos de la Junta -como sostiene el PSOE porque así reza el Estatuto- o en los ingresos, como exigen PP e IU.
En cuanto a la Ley de Autonomía Local, la "más importante" para Toscano, la FAMP demanda que la norma sea "más rotunda" a la hora de definir no sólo las competencias propias -la ley fija 29 y los alcaldes piden más-, sino las "mínimas y exclusivas" de los consistorios. Los regidores exigen menos tutela de la Junta que puede revocar competencias a consistorios negligentes, y aclarar las relaciones financieras entre las dos administraciones. Reivindican la creación de un Consejo de Gobiernos Locales que influya en los planes o normas autonómicas que afecten a los municipios. Estas demandas se incluyen en el documento de alegaciones a las leyes que la FAMP elevó al Consejo Consultivo.
El presidente de la FAMP dijo que pedirán a sus respectivos partidos que hagan un "esfuerzo" para "enriquecer" las leyes en el trámite parlamentario. El PP exigió la dimisión de Pizarro y que las normas se retiren. También IU demandó un cambio legal. La vicepresidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (PP), celebró que "hayan primado los intereses de los ayuntamientos y no de los partidos" e instó al Gobierno a "reflexionar".
