El cambio aumenta los fondos incondicionados que reciben los ayuntamientos -aquellos que pueden decidir libremente cómo gastar- de los 159 millones de euros consignados en 2009 a 200 millones en 2010, con un incremento progresivo hasta alcanzar 600 millones en 2014. A partir de ahí, aumentarán en función del incremento de los ingresos tributarios de la Junta. El reparto, según explicó la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, se basará en la población, el territorio, la dispersión y la capacidad fiscal (según un coeficiente basado en el IBI). El peso de estas variables diferirá para los municipios de menos de 5.000 habitantes (512 de los 771 existentes) y el resto.
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, defendió que "el 100% de este proyecto está redactado sobre la base" de las propuestas de la FAMP y del grupo de trabajo constituido en el Parlamento, que elaboró un dictamen aprobado por PSOE e IU con la abstención del PP, y apeló a la "responsabilidad" de los partidos, en especial al PP, para sacar adelante esta ley -y la de Autonomía Local, que fija 29 nuevas competencias locales- con el máximo consenso. "El Gobierno ha cumplido su compromiso [de llevarlas al Parlamento antes del 31 de diciembre para que se aprueben antes de junio], ahora les toca el turno a los partidos políticos", señaló, para añadir que "le recomendaría al señor Arenas que hiciera una lectura sosegada de las leyes, que preguntara a sus alcaldes qué opinan, y estoy seguro de que tendría muchas dificultades para decir no".
Alcaldes de todo signo han reconocido que las leyes locales vienen a afrontar una demanda histórica del municipalismo para que se concrete y amplíe su autonomía competencial y se clarifique parte de su financiación. Pero difieren en que los textos elaborados por la Junta solucionen sus problemas económicos y sigan manteniendo una excesiva tutela de la administración autonómica sobre su política urbanística o en materia educativa.
Y frente a la llamada de Pizarro a un "amplio consenso", con apelaciones directas a los líderes de la oposición Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) para que "estén a la altura de las circunstancias y no defrauden a sus alcaldes", las reacciones de ayer a los textos que llegarán a la Cámara no hacen prever, en principio, que el acuerdo sea fácil.
Tanto PP como IU negaron que los Proyectos de Ley coincidan con lo consensuado en el grupo de trabajo del Parlamento y consideraron que se quedan muy cortas con respecto a las reivindicaciones de los alcaldes.
Desde el PP-A , el secretario general Antonio Sanz, las calificó de "una burla a los ayuntamientos" y excesivamente "intervencionistas". "La Ley de Autonomía Local sólo sirve para controlar a los ayuntamientos", subrayó, mientras reivindicó que la participación de los municipios en los tributos de la Junta en vez de en sus ingresos supone una aportación "ridícula" que no solucionará la asfixia local porque sólo obtendrán "un tercio de lo que necesita". "Hoy las distancias son insalvables", sentenció.
Tampoco el coordinador regional de IU , Diego Valderas, se mostró optimista sobre las posibilidades de consensuar las leyes durante el trámite parlamentario. "Será necesario un debate con la suficiente fuerza", afirmó, al tiempo que anunció una "movilización municipal" para cambiar dos leyes que son "tremendamente recortaditas" y "un timo municipalista de gran calado".
Con todo, si finalmente sólo salen adelante con los votos de la mayoría socialista, la prueba de fuego será si los alcaldes de PP e IU mantendrán su posición aunque ello suponga perder fondos.
AUTONOMÍA LOCAL
Competencias propias
Los consistorios coordinarán la escolarización y la prestación de servicios sociales, pero no decidirán cuándo y dónde se crearán nuevos colegios o centros asistenciales. Se encargarán del planeamiento urbanístico y de vivienda, así como el control de la legalidad en cuanto a la ordenación territorial y el medio ambiente, aunque la Junta se reserva el último visto bueno. En ambos aspectos, la FAMP y la oposición ven un exceso de tutela.
Menos tutela
Libres para decidir sobre su patrimonio
Entre las materias sobre las que la nueva norma elimina la necesidad de contar con la autorización de la Junta destacan las decisiones sobre la enajenación o permuta de bienes patrimoniales y las decisiones sobre la unión de municipios en mancomunidades y consorcios o de crear entidades locales inferiores. Los cambios en los límites territoriales de los municipios seguirán dependiendo de la Junta.
Transparencia
En 5 días, sus acuerdos han de estar en la red
La ley obliga a los ayuntamientos a publicar en su web o la de la Diputación todas sus decisiones en un plazo de cinco días. La norma marca un plazo de adaptación a la misma de un año para mancomunidades y consorcios y tres años para las entidades instrumentales locales.
