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Los alcaldes ven 'irreales' los criterios para las hipotecas de VPO

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias reclama flexibilizar los requisitos de financiación del Plan de Vivienda, es decir, los que debe reunir un comprador de VPO para conseguir un préstamo. Cree que los criterios que la Junta selló con los bancos "se alejan de la realidad".

el 15 sep 2009 / 18:55 h.

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La Federación Andaluza de Municipios y Provincias reclama flexibilizar los requisitos de financiación del Plan de Vivienda, es decir, los que debe reunir un comprador de VPO para conseguir un préstamo. Cree que los criterios que la Junta selló con los bancos "se alejan de la realidad".

Hace justo una semana, la Junta cerró con 33 bancos y cajas un convenio para asegurar financiación a las viviendas protegidas previstas en el Plan Concertado de Vivienda 2008-2012. El acuerdo establece una serie de requisitos que tiene que cumplir un comprador de VPO para que la entidad bancaria le dé el crédito del piso. Ayer, el presidente de la FAMP, el socialista Francisco Toscano, criticó que esos criterios "se alejan de la realidad" y pidió al Gobierno andaluz "flexibilidad" a la hora de aplicarlos.

El alcalde de Dos Hermanas no es el primero en criticar la rigidez de estas condiciones. El Defensor del Pueblo, José Chamizo, también demandó que se cambien si no dan el resultado esperado, esto es, que los bancos abran el grifo para que los andaluces a los que les toca una VPO puedan acceder sin trabas a un préstamo. Toscano, en declaraciones a Europa Press, aplaudió el convenio financiero impulsado por el Ejecutivo, pero mostró su preocupación por que los requisitos no se adecuan al escenario de crisis actual. Dijo, por ejemplo, que "no tiene sentido" que los bancos exijan a un comprador acreditar tres años de contrato para adquirir una VPO, en una coyuntura en la que el empleo estable "no es tan fácil, sobre todo para los jóvenes".

El presidente de la FAMP defendió que los morosos en vivienda protegida son "prácticamente nulos" y denunció que con los requisitos fijados "se desvirtúan los créditos hasta el extremo de que se convierten más en una exigencia de garantías personales que hipotecarias". Además de los tres años trabajando, las entidades exigirán que el interesado no tenga impagos anteriores, que no se endeude más del 40% y que, después de pagar la cuota mensual de la hipoteca, le queden como mínimo 600 euros de liquidez.

El regidor sevillano apostó por que la Junta y las entidades sigan trabajando para buscar "fórmulas alternativas" que se ajusten más a la realidad. Aunque el convenio -los bancos y cajas de la comunidad aportan 9.550 millones para actuaciones de VPO- no es vinculante, porque el Gobierno no puede obligar a las entidades a conceder créditos, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, confía en que garantice dinero suficiente para compradores y promotores de vivienda protegida.

Modificar la LOUA. Toscano rechazó la propuesta de la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), que pide cambiar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que el dinero de la venta de suelo municipal pueda destinarse a inversiones en obra pública y no a la construcción de VPO. La iniciativa de Sánchez, publicada ayer en El País, no tiene el visto bueno de la Federación de Municipios. "Es inviable hacer una modificación ahora", señaló el presidente de la FAMP, porque hay municipios "que sí han hecho sus deberes con la VPO" -como Jerez, una de las ciudades andaluzas que más pisos protegidos promueve- pero "hay otros donde no se garantiza todavía que haya suelo para viviendas asequibles", explicó.

Consideró que no es el momento de lanzar esta propuesta , que ya había debatido la FAMP con anterioridad cuando se modificó la ley urbanística, ya que se acaba de aprobar el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda, una norma que para hacerse realidad necesita que los ayuntamientos liberen suelo para VPO.

El PSOE-A y la Junta también opinaron que la prioridad ahora es impulsar los pisos protegidos. El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, dejó claro que "no hay ninguna previsión de modificar" la normativa y recordó que ya se puede dedicar el 25% de los recursos que obtienen los ayuntamientos por venta de suelo a la rehabilitación de las ciudades. El portavoz parlamentario socialista, Manuel Gracia, dijo que la idea de Sánchez "va en la dirección contraria de nuestra prioridad".

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