Los alumnos de 3o de Secundaria y de los cursos subsiguientes podrán hacer huelga contra las decisiones educativas que adopte su instituto o para oponerse a la metodología de un profesor. El centro no sancionará la falta de asistencia a clase de los estudiantes en huelga si ésta ha sido votada por la mayoría y comunicada previamente por escrito a la dirección. Hasta ahora, este derecho estaba reservado a alumnos de enseñanzas superiores, porque la no asistencia a clase en edad de escolarización obligatoria contraviene la ley.
La Consejería de Educación ha introducido en los Reglamentos Orgánicos de Secundaria (ROC) el "derecho a la libertad de expresión" del alumno, ya esbozado en la Ley Orgánica de Educación (2006), pero que hasta este curso no ha sido desarrollado en una norma autonómica. "Hemos dado mayor cobertura legal a este derecho para que no quedara en la indefinición. Hasta ahora se sobreentendía, pero quedaba al albur del director interpretar los límites de la libertad de expresión y el derecho de reunión del alumnado en un centro escolar", explica la directora general de Participación e Innovación Educativa, Aurelia Calzada.
El artículo 4 de los ROC autoriza a los estudiantes de 3o de ESO a organizarse de forma asamblearia durante el horario lectivo -tres horas en cada trimestre- y deja patente que los estudiantes pueden oponerse a las medidas educativas del instituto mediante una huelga que "no tendrá la consideración de conducta contraria a la convivencia ni será objeto de corrección". El texto habla de "decisiones colectivas", pero no especifica qué porcentaje de alumnos tiene que votar a favor de la huelga para que sea legal. Algunas comunidades, como Extremadura, han fijado un mínimo del 20% del aula para dar por buena la decisión. Pero no todas las regiones han concretado tanto los derechos del alumno que vienen en la LOE (pocas del PSOE y ninguna del PP), por miedo a que terminen perjudicando el trabajo del profesorado.
Entre los docentes andaluces se han instalado dudas sobre los límites del derecho a la huelga: ¿Pueden, por ejemplo, volver a negarse a recibir clases de Educación para la Ciudadanía? ¿Pueden obligar al profesor a cambiar su metodología? La consejería ha llamado a la calma a los institutos y les conmina a "naturalizar" los derechos del alumno "sin olvidar que existe una ley, una programación didáctica y criterios de evaluación, potestad del docente".
El nuevo reglamento insta a los institutos a habilitar espacios de participación democrática del estudiante: "Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas y otras actividades análogas", reza el texto.
Los ROC entraron en vigor hace tres semanas, y muchos centros aún no han digerido la letra pequeña de una ley que atraviesa de norte a sur el funcionamiento interno de los colegios. La norma menciona explícitamente el "derecho de reunión", pero no la huelga. Al iniciarse el curso, muchos directores consultaron por escrito a la consejería sobre el artículo 4: "¿Se sobreentiende un derecho de huelga?". Educación fue muy clara: "Efectivamente".
La Junta admite que esto abrirá un nuevo espacio democrático de debate entre profesores y alumnos. Algunos centros se muestran escépticos y dudan de que el alumnado de 13 ó 14 años -edad media en 3o de ESO- sea suficientemente maduro para decidir una huelga en contra de los criterios educativos de sus profesores. La consejería reconoce que se trataba de "una oportunidad no exenta de riesgo, un reto", pero defiende que "no es posible cerrar los cauces democráticos para los alumnos". "Los deberes del estudiante están claros en la norma: tienen un compromiso de estudiar y asistir a clase. Pero también abordamos aquí la formación integral de un alumnado crítico que sepa enfrentarse a temas en los que no está de acuerdo a través de la palabra y el diálogo, y no de la imposición y de la agresividad", dice Calzada. La Confederación de Padres de Alumnos de la escuela pública (Codapa) no cree que "los derechos del estudiante vuelvan más participativos al alumnado". "Nuestros estudiantes no son especialmente reivindicativos ni participativos. No creo que los profesores tengan problemas con eso", dice su presidenta, Pilar Triguero.
