J.G.P. / C.R.
A más de 4.500 vecinos de Regiones Devastadas les va a cambiar la vida: sobre sus infraviviendas, con 50 años a sus espaldas, se van a construir bloques nuevos de hasta 12 alturas. 275 viviendas acompañadas de zonas ajardinadas de las que el Gobierno pagará hasta el 30%.
Sobre los minipisos depauperados, levantados en 1957 y hoy en condiciones de habitabilidad más que cuestionables, se construirán en breve 18 bloques de entre siete y 12 alturas, con 275 viviendas protegidas y seis locales comerciales, una cifra que puede crecer con más pisos protegidos en régimen de alquiler.
El acuerdo firmado ayer por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; el consejero andaluz del ramo, Juan Espadas; y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no fija por el momento el coste de la obra, pero la ministra se comprometió a aportar la memoria económica lo antes posible para que los trabajos empiecen ya. Al menos, se comprometió a pagar hasta el 30% de los trabajos sobre estos 27.544 metros cuadrados de uso residencial.
Ya ha quedado claro que la obra se efectuará en tres fases: demolición de los edificios, reurbanización del suelo y construcción de las viviendas. La reconstrucción era inviable por el mal estado en que se hallaban las casas. Habrá que jugar ahora con el realojamiento de los vecinos cuyas viviendas se vayan tirando con la permanencia de otros en sus casas, para no tener que proceder a alquileres masivos. Los vecinos que estén inscritos en el censo de personas a realojar y que acrediten su régimen de tenencia de las viviendas se podrán beneficiar de forma preferente de esta actuación aunque subsidiariamente podrán acceder al nuevo parque residencial aquellas personas que cumplan los requisitos que se exigen para acceder a una VPO.
La construcción de los nuevos pisos se efectuará sobre suelo propiedad del Ayuntamiento en las parcelas que comprenden actualmente los inmuebles, delimitadas por la avenida de San Juan de la Cruz, las calles Paulo Orosio y Carlos García Oviedo, y por la plaza Ruperto Chapí. El promotor y gestor de las actuaciones será la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), que además gestionará una oficina que se ocupará de mantener el contacto con los afectados.