La denuncia no es nueva. Los arquitectos llevan años, desde que en 2001 se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, recurriendo ante los tribunales contrataciones "ilegales y discriminatorias" que, a su juicio, hace la administración sin luz y taquígrafos. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos aseguró ayer que esta práctica es "sistemática" y que ahora, en plena crisis, es más grave porque la administración se ha convertido en el "único" cliente de estos profesionales en horas bajas.
Los arquitectos presentan unos cien recursos al año contra las administraciones por intentar "bordear" la ley, según datos ofrecidos por el presidente del Consejo, Luis Cano. Los últimos que han ganado han sido contra la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y el ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos por usar un listado "cerrado" de arquitectos con los que trabajar excluyendo al resto. Aunque la Junta ya ha eliminado esos registros, hay una "tendencia muy elevada a abusar de los contratos a dedo", afirmó el decano del Colegio de Sevilla, Ángel Díaz del Río. Las adjudicaciones más sospechosas -apuntó- se dan en los concursos negociados sin publicidad, es decir, proyectos por menos de 60.000 euros en los que no hay obligación de revelar el beneficiario. De ahí que las administraciones tiendan a partir contratos para que no superen este tope inversor.
La "falta de transparencia" es la principal denuncia de este colectivo. El decano de Almería, Javier Hidalgo, explicó que lleva años pidiendo los nombres de los arquitectos contratados por las empresas públicas en la provincia y nunca ha tenido respuesta. ¿Piensa entonces que los concursos están amañados?, preguntó una periodista. "Quien calla, otorga", respondió. Los arquitectos hicieron un llamamiento a la Junta para que haga "convocatorias abiertas" en las que pueda concurrir cualquier técnico. Hasta ahora, denuncian que la comunidad exige criterios "discriminatorios", como acreditar muchos años de experiencia en trabajos con el sector público -lo que genera un "círculo cerrado"-, una "altísima" solvencia económica o que el profesional viva donde se ejecuta la obra.
La praxis más habitual de la Junta es, según los arquitectos, contratar con una "prisa ficticia" a profesionales antes de que caduque una subvención sin tener en cuenta la calidad del proyecto presentado y, por tanto, "incumpliendo" la ley. "Nosotros no seremos cómplices de sus problemas de plazos", sentenció Luis Cano. Los departamentos que más trabajo dan a los arquitectos son las Consejerías de Salud, Educación y Obras Públicas y Vivienda. "Ahora la administración es el único promotor que queda", insistió el decano de Almería.
