El Ayuntamiento ha encargado un «estudio técnico» sobre las condiciones de conservación «y seguridad» del edificio den antiguo colegio público San Bernardo, tras el desalojo realizado ayer del Centro Social Ocupado y autogestionado (CSOA) Sin Nombre establecido desde hace diez años en el inmueble. El desalojo por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) transcurrió sin incidente alguno ya que en el momento de llegar la Policía Local y Nacional no había nadie en el interior. Desde la Asamblea del colectivo informaron de que, pese a no haber recibido noficación formal el Consistorio sostiene que sí ya que tras varios intentos uno de los ocupas cogió la notificación certificada aunque no la firmó, al tener noticias de la fecha fijada para el desalojo acordaron recoger los enseres del interior y no oponer resistencia.
Pese a todo, tanto el Ayuntamiento como la Policía Nacional movilizaron un importante despliegue de efectivos y profesionales de cerrajería para proceder al cambio de las cerraduras una vez que el Ayuntamiento tomó posesión del inmueble, ubicado en el número 42 de la calle San Bernardo, de titularidad municipal.
El director general de Seguridad del Ayuntamiento hispalense, José Antonio de la Rosa, explicó que un equipo de arquitectos municipales se encargará ahora de elaborar un informe técnico para hacer una «evaluación» del estado del edificio para determinar después su destino y uso. El movimiento okupa instaló el CSOA Sin Nombre hace una década después de que el edificio llevara varios años abandonado y sin uso y tras el mediático desalojo de otro centro okupa mítico de la ciudad como Casas Viejas.
Fue el pasado diciembre cuando la Junta Local de Gobierno aprobó la recuperación del antiguo colegio San Bernardo. Mediante el acuerdo aprobado, el Ayuntamiento requería a los ocupantes del inmueble el desalojo voluntario del mismo «en un plazo de cinco días», advirtiendo además de que el desalojo sería consumado «por los propios medios» del Consistorio en caso de no mediar una salida voluntaria. Inicialmente, el juzgado de lo Contencios Administrativo número 8 de Sevilla denegó al Ayuntamiento la posibilidad de llevar a efecto el acuerdo pero una sentencia del pasado 20 de marzo de la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA otorgó autorización para la entrada en el edificio ocupado a fin de cumplir lo previsto en dicho acuerdo municipal, revocando la decisión previa.
Respecto al uso del edificio, el director de Seguridad dejó claro ayer que «si una asociación o colectivo tiene interés en usar un edificio municipal, debe consensuarlo con el Ayuntamiento», si bien insistió en que antes de decidir el uso del edificio se evaluará su estado. También defendió que «la mayoría de los vecinos» del barrio estaba «en contra del centro ocupado y habían mostrado «quejas» al respecto.
