A finales de año, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dejarán de contar con 413 asesores de empleo, que se sumarán a los otros 400 promotores de empleo que ya fueron despedidos en junio. En total se cesarán a las dos terceras partes de estos trabajadores en las oficinas que la Junta tiene en toda Andalucía. ¿El motivo? Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan ninguna partida (supone un coste de 25 millones) para mantener estos puestos y el Gobierno andaluz tampoco reserva dinero para ello en sus cuentas. Los trabajadores afectados, que intensificarán sus protestas, alertan del "desmantelamiento" de las oficinas y del "colapso" en la tramitación del paro.
"Es el primer gran despido masivo en la Junta. El personal que quedará será insuficiente para atender a la demanda", advirtió ayer en rueda de prensa Ángela Moreno, una de las perjudicadas. Explicó que oficinas que son cabeza de comarca, como Dos Hermanas, Lebrija o Marchena (en Sevilla) se quedarán con tres o cuatro asesores para una población de entre 20.000 y 30.000 habitantes. El efecto será, a su juicio, demoledor: "Habrá un retraso enorme en las prestaciones al desempleo y empeorará la calidad de la atención". "Los parados se convertirán en desamparados", avisó.
La Junta contrató a estos asesores, encargados de orientar a los parados y de buscarles trabajo, en 2008, cuando la tasa de desempleo en Andalucía se situaba en el 18%. En 2011, cuando la cruenta crisis hacía estragos requirió a más personal. Ahora que Andalucía soporta una tasa de paro del 35% irán a la calle los más de 800 profesionales llamados a rebajar las estadísticas. Los trabajadores afectados culpan al Gobierno de cargarse las oficinas públicas para potenciar las agencias de colocación privadas y a la Junta por no asumir el coste, como sí han hecho Valencia, Extremadura, Canarias o País Vasco.
Han creado una plataforma, llevan a cabo protestas en las sedes del SAE, han recogido miles de firmas, se han reunido con el Defensor y algunos hacen huelga de hambre. Solo les queda que los Presupuestos andaluces, que el Parlamento aprueba la semana que viene, se modifiquen para darles cabida. La mayoría de los despedidos han acudido a la justicia. En todas las provincias, excepto en Sevilla y Granada, los tribunales les han dado la razón, pero eso solo significa que su indemnización pasa de ocho a 20 días.
