Los ayuntamientos sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Carmona, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, La Rinconada, Mairena del Alcor y Santiponce, municipios todos afectados por la huelga indefinida convocada en la empresa de transporte de viajeros Casal, han exigido una salida al conflicto y, tras reclamar "flexibilidad" a la directiva y a la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), han pedido también un nuevo esfuerzo a la Administración andaluza para mediar en el conflicto.
En un comunicado conjunto, los concejales delegados de Movilidad y Transportes de los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Carmona, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, La Rinconada, Mairena del Alcor y Santiponce, han informado de la reunión celebrada esta misma mañana de forma urgente para analizar las repercusiones de esta huelga, pues casal explota rutas para Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y el Consorcio Metropolitano de Transportes.
Estos municipios mantienen una relación constante de flujo de ciudadanos con 13.500 viajes diarios cifrados, "por lo que el transporte público se convierte en una herramienta básica del día a día", señalaron los concejales del ramo. Tras tres meses de conflicto y tres días de servicios mínimos, "empiezan a ser los 240.000 ciudadanos potencialmente usuarios los que finalmente están siendo perjudicados y sin visos de resolución".
Así, y dado el recrudecimiento del conflicto con autobuses saboteados y cruces de acusaciones entre la directiva de Casal y ASC, que convoca la huelga en solitario, los concejales delegados de Transporte pidieron a la Consejería de Empleo que "redoble" sus esfuerzos, reclamando asimismo "flexibilidad" a ambas partes para "obtener una resolución inmediata".
Hicieron también alusión al Consorcio de Transportes, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para que "se una a buscar soluciones y tome medidas", pidiéndole "mayor implicación" y una reunión urgente para analizar la situación. En esta tesitura, los concejales manifiestan su "total respeto al derecho a huelga de los trabajadores", al tiempo que exigen a ambas partes "altura de miras en la necesidad de desbloquear una situación ahora en un punto muerto".
Mientras tanto, los ediles metropolitanos instan al "cumplimiento riguroso" de los servicios mínimos legalmente fijados en un 60 por ciento en horas pico y un 30 por ciento en horas valle, al tiempo que lamentan las molestias sufridas "por los ciudadanos de nuestros pueblos en el desarrollo del conflicto", dado que de perpetuarse esta situación "nos veremos obligados a tomar otra serie de medidas acordadas de forma conjunta".
