El Gobierno andaluz se ha convertido hoy en el primero de España en comenzar a tramitar las leyes locales que fijarán un nuevo marco de competencias y financiación para los ayuntamientos. Una norma fijará 29 competencias para los 770 municipios andaluces y una segunda ley determinará la participación de las entidades locales en los ingresos de la comunidad. "Al final los ayuntamientos andaluces van a conseguir más autonomía local, menos tutela de las administraciones, más financiación incondicionada, más capacidad de organización", proclamó el Gobierno andaluz.
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro , señaló que se trata de "un día histórico" y subrayó que Andalucía, que legisla en materia local para cumplir con su reciente Estatuto de Autonomía, se sitúa "en vanguardia" del marco jurídico español. Por su parte la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, explicó que los ayuntamientos participarán en los recursos económicos de la Junta conforme a unos criterios absolutamente "claros y objetivos" como son su población, su superficie, la dispersión geográfica o su recaudación tributaria y más corresponsabilidad"
La futura Ley de Autonomía Local de Andalucía fijará con claridad cuáles son actualmente las 29 competencias que están ejerciendo los ayuntamientos y terminará de una vez, explicó Pizarro, con el debate de las competencias impropias, aquellas que ejercen los consistorios por su mayor proximidad al ciudadano pero que legalmente deberían ser atendidas por los Gobiernos central o autonómico. "Por vez primera se fijará un marco de relaciones absolutamente claro", reivindicó Pizarro. Además la ley abrirá un escenario de negociación con las entidades locales que permitirá transferir o delegar nuevas competencias exclusivas de la comunidad a manos municipales, siempre que los alcaldes quieran asumirlas.
El anteproyecto de Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Junta reconocerá el actual Fondo de Nivelación, que dota de recursos incondicionados a los ayuntamientos, dinero que los alcaldes puedan distribuir y gastar libremente según sus necesidades. La norma fijará los 159 millones de euros con los que actualmente está dotado ese fondo como una cantidad que no podrá disminuir y que "evolucionará en el tiempo conforme evolucionen los ingresos de la Junta", explicó Martínez Aguayo.
Estas leyes, que cumplen con una promesa que el Gobierno andaluz adquirió con los ayuntamientos a comienzos de los 90, se convertirán -según la Junta-en "el nuevo Estatuto de los ayuntamientos" y deben ahora terminar sus trámites en el Gobierno y llegar al Parlamento, donde el Ejecutivo quiere pactarlas con PP e IU. La negociación política será complicada.
