i. morillo / m. ureta
La próxima semana un grupo en el Parlamento arrancará la enésima negociación iniciada en Andalucía en los últimos 19 años para pactar una reforma legal que dote de más competencias y más dinero a los ayuntamientos. Los contactos empiezan minados por la crispación y los retrasos.
La negociación arranca en clima bélico y con una crisis que castiga duro a los ayuntamientos. El Gobierno andaluz insiste en otro aplazamiento de las leyes para la reforma local. Es una prórroga, dice, con la que ganar margen y llegar a un pacto antes de las elecciones municipales de 2010. PP e IU replicaron ayer que no admitirán más retrasos. Si el compromiso del Gobierno andaluz hace pocos meses fue que la ley de régimen local -que fijará competencias- y la que dará participación a los consistorios en los tributos de la Junta estarían en el Parlamento en 2009, esa debe ser la fecha, avisaron.
El llamado Pacto Local, que modificará el marco jurídico de los ayuntamientos -que suspiran por ser los eternos olvidados del desarrollo del Estado de las Autonomías-, fue una promesa del PSOE-A en 1990, que el ex presidente Chaves formalizó en el Parlamento en 1995. Cada legislatura ha sido un encargo prioritario para cada uno de los cinco consejeros de Gobernación y siempre ha acabado en un cajón, con la oposición en guerra y amagando con abandonar la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por su "servilismo" hacia el PSOE -mayoría en el foro-.
Las negociaciones han ido lejos y han existido cuatro grupos de trabajos. En 1999 hubo un intercambio de documentos. Los ayuntamientos dijeron qué servicios podían situar bajo su tutela y cuánto dinero necesitaban. En 2001 la Junta elaboró un borrador que dejaba 21 materias en manos locales pero sin cuantificación económica. Las negociaciones se centraron después en fijar con claridad el papel de los ayuntamientos en el Estatuto. Se llegó a un acuerdo entre PSOE e IU, que refrendó el PP.
En noviembre de 2008 todos los alcaldes llegaron a un pacto en la FAMP y lanzaron un grito de auxilio. El Ejecutivo andaluz aseguró entonces que se iniciaba un camino sin retorno. Los alcaldes pidieron más dinero y presentaron un borrador con competencias. Ese acuerdo debe ahora refrendarlo el Parlamento. Los alcaldes avisan: están en números rojos. Los expertos agregan: hay daños colaterales. Las facturas sin pagar de los ayuntamientos andaluces a sus proveedores -la mayoría pymes- suman unos 1.000 millones de euros. El Gobierno central promete medidas y ha lanzado un línea de crédito para dar oxígeno a los alcaldes, pero su reforma de la ley de régimen local estatal está en dique seco. La crisis dirá si esta vez hay acuerdo.
