Los registros de demandantes de VPO encaran su recta final en paralelo a la Ley de Vivienda. Cuando el Parlamento apruebe esta norma, pionera en regular el derecho de acceso a un piso asequible, en el primer pleno del año -días 17 y 18-, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán contar con este instrumento para medir su demanda de VPO. Estas bases de datos, pieza clave de la ley, servirán para que un consistorio conozca al detalle la necesidad de vivienda protegida que hay en su municipio y le obligará a diseñar una oferta de VPO acorde a esos cálculos.
Ahí podrán apuntarse aquellos que no tengan una casa en propiedad ni superen los 3.100 euros de ingresos familiares. El registro prevé una adjudicación más justa de los pisos y pondrá fin a los sorteos. Será el ayuntamiento el que proporcione al promotor una lista con los beneficiarios según los requisitos que cumplan.
Casi la totalidad de los consistorios (700) ya ha dado luz verde a las bases de sus registros. Pero todavía funcionan muy pocos porque está pendiente que los ayuntamientos los aprueben de forma definitiva, un proceso que dura casi tres meses. En ese tiempo, los ciudadanos pueden presentar alegaciones si consideran discriminatorios los criterios de selección y también la Junta vetará los requisitos que estime desigualitarios. La Consejería de Vivienda estableció, a través de una orden, unos criterios mínimos que los municipios deberán respetar para adjudicar las VPO: una persona tiene derecho a apuntarse en tres municipios y puede renunciar hasta dos veces a una oferta de piso sin perder su puesto. Pero los ayuntamientos tienen margen de maniobra para decidir sobre esto. Por ejemplo, algunos de las áreas metropolitanas quieren priorizar a los que trabajen en el pueblo y deseen vivir en él. Es el caso de Dos Hermanas (Sevilla), el único que cuenta desde hace tiempo con una base de datos de VPO. La delegada de Vivienda, Carmen Gil, explica que primarán a los que trabajen en esta ciudad y también los años de empadronamiento.
El ayuntamiento nazareno está depurando las 14.000 solicitudes ciudadanas de su registro y prepara, aunque sin fecha, la adjudicación de más de 5.000 VPO. Córdoba sí ha fijado para el 22 de marzo la primera adjudicación de 76 pisos protegidos sin sorteo. Ya tienen a 1.600 inscritos en su base de datos. Los que se apunten a partir del 13 de marzo tendrán menos antigüedad que los que lo hicieron antes. El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) también va muy adelantado y ya posee un registro con más de medio millar de demandantes.
Una vez que entre en vigor la Ley de Vivienda, miles de VPO se irán adjudicando en cascada con este instrumento. En septiembre, el consejero del ramo, Juan Espadas, identificó un primer grupo de 136 municipios que en breve deberán sacar más de 15.000 pisos protegidos. Con ellos se está colaborando más estrechamente para que tengan listas sus bases de datos lo antes posible. Todo el coste corre a cargo de la Junta, que ha destinado tres millones de euros para pagar el material y el personal necesarios. En cuanto a la futura ley, Espadas confía en que se apruebe por unanimidad y dijo que el PSOE será "sensible" con las enmiendas de PP e IU.
